El Gobierno boliviano, a través de la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, pidió hoy a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) dar una respuesta a la población, encontrar soluciones a sus discrepancias y, finalmente, lograr elegir al nuevo Defensor o Defensora del Pueblo.

"Esperamos nosotros que los asambleístas, me refiero a diputados y senadores, puedan encontrar una solución, corresponde a esa instancia. La población ha votado por sus representantes y tienen que dar una respuesta en el marco de la normativa. Esperamos que se tenga una solución y se pueda elegir", indicó la Viceministra en rueda de prensa.

Hasta ahora, la ALP ha realizado cinco rondas de votación para elegir al nuevo Defensor; sin embargo, ninguno de los siete candidatos ha logrado tener el respaldo de al menos 2/3 de los legisladores.

Eso sí, tras la quinta ronda de votación, realizada la pasada semana, se confirmó que son dos los candidatos más votados: Pedro Francisco Callisaya Aro y Evelin Patricia Cossio Marquez. El primero es apuntado por la oposición de ser el 'candidato del MAS' y la segunda recibió el apoyo público de Comunidad Ciudadana, la principal fuerza opositora.

Al respecto, la pasada semana, el presidente de Diputados, Freddy Mamani, denunció que las bancadas de oposición aplicaron un control "dictatorial" y hasta "fascista" para imponer un voto lineal de sus legisladores e inviabilizar la elección del nuevo Defensor del Pueblo.

No obstante, Mamani anticipó que se continuará insistiendo en la elección del nuevo Defensor del Pueblo y que el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, volverá a convocar a sesión.

Mamani, en ese sentido, afirmó que quién debe ser elegido es el que logró la mejor valoración en el proceso de preselección y esa persona es, dijo, es el abogado Pedro Callisaya porque superó todos los filtros de evaluación.

El artículo 220 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala que "la Defensora o el Defensor del Pueblo se designará por al menos dos tercios de los presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional".

"La designación requerirá́ de convocatoria pública previa y calificación de capacidad profesional y méritos a través de concurso público, entre personas reconocidas por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos", agrega la norma.