Caso ABC: Gobierno afirma que se llegará hasta las últimas consecuencias, "caiga quien caiga"

El caso fue denunciado por el diputado Héctor Arce, quien denunció a 11 funcionarios y un empresario chino por presuntamente pactar un soborno de 18 millones de bolivianos, para direccionar la contratación por 456 millones de la doble vía Sucre-Yamparáez.

El Gobierno nacional afirmó este lunes que se llegará hasta "las últimas consecuencias", "caiga quien caiga" en el caso sobre los presuntos hechos irregulares en la licitación de la doble vía Sucre – Yamparáez que involucra a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Así lo afirmó el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, al apuntar que el proceso de investigación fue declarado en reserva para que se esclarezcan los hechos y que las personas que presuntamente cometieron el hecho irregular sean sancionadas.
"El Gobierno del presidente Arce va a llevar este caso hasta las últimas consecuencias, como dice él siempre, caiga quien caiga y con una política de cero tolerancia a la corrupción", afirmó el ministro en conferencia de prensa.
La autoridad recordó que éste fue el segundo proceso de licitación que se hizo y que el primero se declaró desierto porque no se encontró un proponente que cubriera la demanda de la convocatoria.
En este segundo proceso, la adjudicada presentó la propuesta más baja con relación al presupuesto planteado en la licitación, respecto a los otros cinco consorcios que se presentaron.
"Esta obra, que tiene un valor referencial de 499 millones de bolivianos, ha sido contratada en 456 millones de bolivianos, se ha contratado a la empresa que ha propuesto el precio más bajo, no se ha contratado a la empresa que ha ofrecido el precio más alto, el segundo o el tercero", enfatizó.
En efecto, la china Harbour Engineering Company se adjudicó la obra el 7 de enero de este año por Bs 456.809.149,79 y firmó contrato un mes después, el 7 de febrero.
Durante la conferencia de prensa, Lima destacó que ese tramo, ubicado en el departamento de Chuquisaca y con una longitud aproximada de 25,84 kilómetros, es una "obra emblemática del bicentenario" porque en 2025 el Aeropuerto de Alcantarí recibirá "cientos de visitas internacionales".
Por tanto, señaló que es una obra que no "puede quedar sin conclusión y tiene que realizarse en plazos breves".
No obstante, insistió en que "si durante el desarrollo del contrato, entre enero y febrero que se firma (el contrato), hubiera alguna irregularidad, hubiera algún mal funcionario o alguna persona que hubiera actuado indebidamente, esa responsabilidad personal está siendo objeto de un proceso penal".
"El Gobierno no va a cesar este esfuerzo de investigación para lograr que, efectivamente, quienes sean responsables cumplan una sanción penal en el caso de ser así", aseguró.
En la conferencia, Lima también aclaró que el expresidente Evo Morales es impreciso en las fechas cuando afirma que en 2021 denunció sobre presuntos hechos de corrupción en la ABC porque este proceso, del que se denuncian irregularidades, fue firmado este año, en la segunda licitación.
El pasado sábado, el juez del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de la ciudad de Sucre, Emilio Colque, ordenó la detención preventiva del representante de la empresa china Harbour Engineering Company-Chec (Sucursal Bolivia), Jin Zhengyuan y del gerente técnico de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Cristian Mendieta Cordero, por una supuesta coima de 18 millones de bolivianos para adjudicar la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez.
Ambos ejecutivos fueron imputados por los delitos de contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes y tendrán que guardar detención por seis meses en la cárcel de San Roque, mientras se desarrollan las investigaciones de este caso que también ha implicado al presidente ejecutivo de la ABC, Henrry Nina, a su secretario general, Freddy Mamani, al responsable del proceso de contratación, Hernán Palacios Márquez y miembros de la Comisión de Calificación.
El caso fue denunciado por el diputado Héctor Arce, quien denunció a 11 funcionarios y un empresario chino por presuntamente pactar un soborno de 18 millones de bolivianos, para direccionar la contratación por 456 millones de la doble vía Sucre-Yamparáez.