El fiscal Diego Luciani pidió en una audiencia este lunes 12 años de prisión y la inhabilitación política perpetua para la vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, acusada de corrupción en un caso sobre licitación de obras públicas en la época en que fue presidenta (2007-2015).

Kirchner, de 69 años, acusada por los delitos de asociación ilícita agravada y administración fraudulenta agravada, tiene inmunidad política por sus cargos como vicepresidenta y presidenta del Senado. Se estima que la sentencia de este caso se decidirá a fin de año.

La fiscalía argentina pidió este lunes una pena de 12 años de cárcel y la inhabilitación política perpetua para la vicepresidenta argentina Cristina Fernández por supuesta corrupción en la licitación de obras cuando fue mandataria (2007-2015), una acusación que sus seguidores consideran como una persecución.
Fernández, acusada por los delitos de asociación ilícita agravada y administración fraudulenta agravada, tiene inmunidad política por sus cargos como vicepresidenta y presidenta del Senado. Se estima que la sentencia de este caso se decidirá a fin de año.

Minutos después de conocido el pedido de condena hecho por el fiscal Diego Luciani, la presidencia emitió un comunicado de repudio.
«El gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad», señaló el texto.

«Ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período, lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del derecho penal moderno», añadió.

Fernández es acusada junto a otras 12 personas por supuestamente haber orientado la atribución de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz (sur), su cuna política, para favorecer al empresario Lázaro Báez, contra quien también pidieron los fiscales 12 años de cárcel y el embargo de sus bienes.
Los pedidos de condena oscilaron entre los dos y los 12 años de prisión. La pena máxima para esos delitos es de 16 años.

Esta última audiencia de alegatos de la acusación fue instalada en la mañana por el fiscal Sergio Mola, quien repasó los detalles de la causa en la que declararon más de un centenar de testigos.

En la sesión, desarrollada de manera remota, Mola consideró que los acusados «trazaron un plan» que buscaba defraudar al Estado mediante «la discrecionalidad en la utilización de los fondos».

«Hubo irregularidades sistemáticas en 51 licitaciones a lo largo de 12 años. El cuadro probatorio demuestra de manera contundente las maniobras ilícitas. No es creíble que Cristina Fernández (de Kirchner) no se enterara de nada en la soledad de su despacho», aseveró el fiscal en su alegato final.

La causa abarca también el periodo de gobierno anterior de 2003-2007, cuando fue presidente su esposo Néstor Kirchner, fallecido en 2010.

Derecho de palabra
Fernández, de 69 años y abogada de profesión, pidió una ampliación de su declaración indagatoria para el martes, al sostener que «en abierta violación del principio de defensa en juicio, (los fiscales) montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas», según escribió en Twitter.

Gregorio Dalbón, uno de sus abogados, dijo que la solicitud de la exmandataria busca asegurar su «derecho a una defensa legítima en juicio», pese a que la etapa indagatoria ya terminó.
«Los fiscales (Diego) Luciani y Mola están saliéndose del estado de derecho y construyendo un relato mediático para que la sociedad tenga un sentido común y crea que Cristina Fernández de Kirchner era la jefa de una asociación ilícita para direccionar la obra pública», declaró el abogado.
Anteriormente, Fernández había solicitado la recusación de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, así como del fiscal Luciani, pero ese pedido fue desestimado.

'Persecución'
Para que la sentencia sea ejecutada tiene que quedar ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Por ello, aún si es condenada, Kirchner seguiría en libertad y podría ser candidata en las elecciones presidenciales y legislativas de 2023.
Los alegatos de la defensa deben comenzar el próximo 5 de septiembre.
En medio de la polarización política y ante el proceso electoral del próximo año, diversas agrupaciones del peronismo de centro-izquierda, cercanas a la vicepresidenta, denuncian una persecución.

El domingo una carta pública firmada por más de medio millar de alcaldes respaldó a Fernández, a quien consideraron «víctima de una persecución judicial». También diputados del oficialista Frente de Todos, y otros referentes políticos y culturales lanzaron comunicados de respaldo.

Hebe de Bonafini, líder de la organización de defensa de los derechos humanos Madres de Plaza de Mayo, llamó a movilizaciones.

«No podemos permitir que Cristina sea condenada ni que vaya presa. Hay que hacer una pueblada, es lo único que le va a salvar. Hay que defenderla con todo», aseveró la semana pasada.

La vicepresidenta ha sido sobreseída en varias causas por presuntos delitos ocurridos en sus dos períodos presidenciales, pero aún enfrenta cinco procesos.