La Ley 2640, del 11 de marzo de 2004, promulgada por Mesa, estableció en su artículo 16 que "los recursos para el resarcimiento a las víctimas provendrán" del Tesoro General de la Nación (TGN) que asignará "una partida especial como aporte del 20% con un monto de 3,6 millones de dólares americanos, con un desembolso anual de 1,2 millones de dólares con cargo a las gestiones presupuestarias: 2005, 2006 y 2007".
El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, afirmó este lunes que la Ley 2640, promulgada por el expresidente Carlos Mesa, fue un engaño a las víctimas de las dictaduras porque nunca se cumplió con el desembolso para la reparación, ni siquiera del 20% que comprometía la norma para el resarcimiento de las familias.
"Lo que ha ocurrido el año 2004 fue un engaño, lo que ocurrió el 2004, en el gobierno de Carlos Mesa, cuando se les planteó a las víctimas de las dictaduras que el 20% del resarcimiento, que pudiera determinarse, lo pagaba el TGN y el 80% la cooperación internacional, los países amigos de Bolivia nunca llegó a la realidad, ni siquiera ese 20% lo lograron concretar", reveló Lima en declaraciones a Bolivia Tv.
La Ley 2640, del 11 de marzo de 2004, promulgada por Mesa, estableció en su artículo 16 que "los recursos para el resarcimiento a las víctimas provendrán" del Tesoro General de la Nación (TGN) que asignará "una partida especial como aporte del 20% con un monto de 3,6 millones de dólares americanos, con un desembolso anual de 1,2 millones de dólares con cargo a las gestiones presupuestarias: 2005, 2006 y 2007".
De manera adicional, delegó al Gobierno de entonces tramitar "aportes porcentuales anualmente, por donaciones del sector privado o extranjero y de organismos internacionales, hasta cubrir el 80% del total del resarcimiento calificado por el CONREVIP".
Si bien se determinó que a "partir del mes de enero de la gestión 2005" se proceda "a la cancelación porcentual hasta cubrir el 100% del resarcimiento calificado a cada una de las víctimas de la violencia política, viudas o viudos, o en su caso a los herederos hasta finalizar la gestión 2007", esto no se concretó porque ni el 20% de los recursos fueron desembolsados por la administración de Carlos Mesa.
Recién, cuando el actual presidente del Estado, Luis Arce Catacora, llegó al ministerio de Hacienda hoy ministerio de Economía, realizó las gestiones para el desembolso de los 3,6 millones de dólares, afirmó Lima.
De acuerdo con el Ministro de Justicia, la disposición establecida en la norma de Mesa de acudir a organismos internacionales para el resarcimiento, era inviable porque la cooperación internacional trabaja en otra línea y no sobre el "resarcimiento a las víctimas de las dictaduras".
"Ese artículo de la ley que planteaba que el 80 por ciento debía ser pagado por los países amigos de Bolivia no era más que un engaño a las víctimas del período 1964-1982", enfatizó Lima.
Por ello, dijo, el Presidente asumió una decisión política, comprometida con los derechos humanos y la justicia, y viabilizó que ese 80% restante sea asumido por el Tesoro General de la Nación (TGN).
Ello fue refrendado en la Ley 1446 que fue promulgada el 25 de julio por el presidente Arce, luego de ser sancionada en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Esa norma "autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación - TGN, asignar recursos por un monto de hasta Bs. 99.925.916,16 (noventa y nueve millones novecientos veinticinco mil novecientos dieciséis 16/100 bolivianos), correspondiente al ochenta por ciento (80%) restante del monto total de resarcimiento a víctimas de violencia política, de acuerdo a disponibilidad financiera".
Como efecto de esta decisión, el domingo, el Ministro de Justicia firmó un acuerdo de reparación con los dirigentes de las víctimas de las dictaduras Víctor Calla, Constantino Lima, Carmen Murillo y Victoria López.
Con el acuerdo, de manera inicial unas 1.714 personas serán beneficiadas, quedando en agenda algo más de 4.000 víctimas, cuyos archivos serán revisados por una comisión integrada por representantes de los ministerios de Salud y de Justicia.