Una investigación de la Defensoría del Pueblo identificó una serie de debilidades en el sistema de educación boliviano, que genera exclusión y segregación de las personas con discapacidad, por lo cual convocó a la necesidad de aplicar cambios de la Ley Avelino Siñani, para generar mayor alcance en igualdad de esta población.
"Hay un problema estructural que radica en la propia Ley Avelino Siñani, pues hace una segregación entre las personas que tienen discapacidad y las personas que no la tienen. Además, se han puesto una suerte de trabas o requisitos para que una persona con discapacidad pueda ingresar al subsistema de educación regular, y se señala que ellos deben tener una educación especial. Esto en el mundo y la región es ilegal", expresó la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
La institución identificó que una de las razones de la segregación es que el 65% de las 90.631 personas con discapacidad registradas en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (Siprunpcd), tiene cero nivel de instrucción o solo accedió a niveles primarios. "Según estos datos, 27.025 personas, que representan el 30%, no tienen ningún grado de instrucción educativa, y 31.507, que significa el 35%, cursaron únicamente el nivel primario. Además, del total, solo 13.310 o el 15% llegaron a secundaria".
"La existencia de los dos subsistemas, el regular y el alternativo y especial, está contemplada en la Ley 070 de Educación Avelino Siñani, lo que refleja que el Estado no ha cumplido con su obligación de eliminar las desventajas estructurales que permiten la exclusión o la segregación. Esta separación, asimismo, conlleva el riesgo de que se legitime de manera indirecta la segregación de esta población", detectó la Defensoría como otra de las debilidades, de acuerdo con una nota institucional.
El informe defensorial fue denominado La exclusión y segregación de las personas con discapacidad en el Sistema Educativo Plurinacional y, además, observó que no se cumple con la capacitación de los maestros ni supervisiones por parte de las direcciones de Educación para verificar un trato igualitario. El llamado es a acciones urgentes para subsanar estos problemas.