El inicio del juicio oral contra Yassir Molina, Mario Bascopé R., Fabio Bascopé R. y Milena Soto L., miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), por provocar destrozos en la edificación de la Fiscalía General del Estado (FGE) en 2020, fue reprogramado para el 7 de noviembre.

"Se cuenta con una nueva fecha de señalamiento del inicio del juicio oral, en mérito a que el juez penal de sentencia de la capital fue recusado en el proceso y el mismo ha sido apartado", informó el fiscal de materia, Javier Gorena, en entrevista con Bolivia TV.

La autoridad fiscal detalló que la autoridad judicial, al ser apartado, se declaró incompetente, por lo que, conforme al procedimiento, remitió el caso a un nuevo sorteo en el cual se eligió al Juzgado Tercero en lo Penal donde se desarrollará el proceso.

"El Juzgado Tercero en lo Penal, de acuerdo a la agenda de su despacho, ha señalado el inicio del juicio para el 7 de noviembre de la presente gestión", aseveró Gorena.
Los cuatro principales investigados fueron denunciados por la presunta comisión de los delitos de organización criminal con relación al delito de destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional; tenencia, porte o portación y fabricación ilícita y daño calificado.

Se tenía programado que el juicio inicie en septiembre; sin embargo, como el juez fue apartado de la causa el inicio del juicio será en noviembre.

Según los elementos colectados por la Fiscalía, se estableció que Molina, Soto y los hermanos Bascopé, en su calidad de cabecillas, impartieron instrucciones y directrices para que sus subordinados ejecuten el hecho ilícito en la FGE, que es considerada patrimonio arquitectónico de Sucre.

A finales de mayo, la Fiscalía amplió la acusación por presunta complicidad en contra de Mario S.S. y Ayda R.L.T., quienes habrían facilitado los medios logísticos y recursos humanos para engrosar las filas de esta organización con el fin de cometer el hecho criminal.
El Ministerio Público presentará 128 elementos de pruebas documentales y 28 pruebas testificales con la finalidad de demostrar la autoría, participación de los principales investigados y sus cómplices, por lo que se pide 20 años de cárcel.
En la actualidad, Molina guarda detención preventiva en la cárcel de San Pedro (Oruro) y los hermanos Bascopé están en el penal de San Roque (Sucre). En tanto, Milena Soto se favoreció con detención domiciliaria en Cochabamba.