El exsecretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, manifestó hoy que los desafíos que enfrenta el sistema judicial boliviano para transformarse, son los mismos que enfrentan los sistemas de los países de la región.

"Está muy de moda en el ámbito nacional e internacional hacer una crítica al sistema de justicia de Bolivia, por la necesidad de reformar, de profundizar su independencia … (pero) tiene muchas ventajas, particularidades que son únicas en la administración de justicia, en la búsqueda de acceso a la justicia y por el hecho de su capacidad en materia de graves violaciones a los derechos humanos", indicó el experto.
El jurista internacional remarcó que "siempre hay desafíos a perfeccionar, aspectos de debido proceso, acceso a la justicia, dimensiones procesales o perfeccionamientos normativos y legales, pero son desafíos que están puestos para todos nuestros Estados, en todos nuestros países, principalmente para nosotros, en nuestra región de Latinoamérica, en la cual todavía estamos enfrentando un conjunto de resquicios provenientes de nuestros procesos históricos, de haber sido una región colonizada, donde se han generado profundos procesos de esclavización, genocidios indígenas y cómo eso históricamente impacta hasta hoy en nuestras sociedades".
Abrao explicó que se trata de desafíos que se deben superar progresivamente, pero de la mano con la realidad, con la gente, con las necesidades de las personas que más necesitan del acceso a la justicia.
Destacó la capacidad institucional del sistema de justicia de Bolivia para responder a las graves violaciones de derechos humanos, pues, dijo, "hay (otros) países en los que las más graves violaciones de derechos humanos perpetúan sin respuesta, en un estado de impunidad durante años de años, durante décadas".
Abrao, asimismo, destacó el proceso de recuperación de la democracia boliviana impulsado en 2020 y dijo que el mismo generó conciencia en relación a la necesidad de otorgar justicia a las víctimas de las masacres y graves vulneraciones a los derechos humanos producidas en 2019.
"Es tremendamente impresionante cómo la sociedad boliviana ha sido capaz de rescatar la plenitud de su democracia de manera pacífica en un proceso reconocidamente legítimo y en tan poco tiempo, y en ese proceso ha generado una conciencia de la necesidad de responder al reclamo de las víctimas (…), en otros países la lucha por memoria, verdad y justicia es una lucha de muy largo plazo. Que la justicia dé celeridad a las graves violaciones a los derechos humanos, tal vez sea único en nuestra América Latina", sostuvo.
Al respeto, también elogió la conciencia crítica de la población, y la predisposición de las autoridades políticas y judiciales para no dejar en la impunidad los actos de violencia estatal promovidos tras el más reciente quiebre constitucional vivido en Bolivia. "Cuando un sistema de justicia no logra atender las más graves violaciones a los derechos humanos, se puede cuestionar su capacidad de responder a los demás conflictos sociales".
Destacó aspectos como el pluralismo jurídico, la jurisdicción agroambiental e indígena, la existencia del Consejo de la Magistratura, entre otros aspectos, que manifestó deben ser perfeccionados y profundizados, pero que, ante sistema de otros países, son un avance importante.
"Me preocupo cuando hay una cierta manipulación en aspectos comunicacionales, críticos al funcionamiento de la justicia, que puede parecer que es una fórmula también de dar más accesibilidad o más conocimiento, pero también puede tener un efecto disuasivo muy fuerte sobre el trabajo de los operadores de justicia y ese debe ser objeto de atención de todos aquellos que defienden los derechos humanos, porque la garantía de protección de los operadores de justicia, la garantía de las condiciones para el ejercicio de una efectiva independencia judicial, es la propia garantía del ejercicio del funcionamiento de los derechos humanos", advirtió.
Abrao manifestó que en Bolivia se está desarrollando la corriente denominada 'chilling effect', que tiene que ver con ese efecto disuasorio sobre los operadores del sistema de justicia, que, en un ambiente de profunda desinformación y de confrontación, se va mellando la independencia en sus decisiones.
"Los operadores de justicia no pueden estar a la merced, ni de las presiones comunicacionales ni de las presiones políticas. Es un desafío que está muy claro hoy en la sociedad boliviana, y nosotros como observadores internacionales, como sociedad civil, podemos y debemos denunciar, en defensa del funcionamiento adecuado del sistema de justicia en Bolivia", indicó.