La reprogramación del censo y los acuerdos para su socialización y desarrollo, "dejando de lado lo político", no solo tiene respaldo de la institucionalidad electa por voto y rectores de universidades públicas, sino también de organismo internacionales, informó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alarcón.

"Todo eso se respalda, esta decisión de trabajar de manera técnica, con un cronograma y recorriendo (socialización), y esta decisión es también respaldada por organismos internacionales porque ellos consideran que son los tiempos en los que se tiene que trabajar en esa participación y socialización, pero dejando de lado lo político", destacó en una entrevista en la red RTP.

El aplazamiento del censo hasta el 2024 fue tomada el 12 de julio en la Comisión Nacional de Autonomías (CNA), presidida por el presidente Luis Arce y donde participaron ocho de los nueve gobernadores electos por el voto y la representación edil, también electa por el voto. La decisión la materializó el Gobierno a través del decreto 4760.

Posteriormente, el 27 de julio, una reunión de Arce con los alcaldes de las nueve ciudades capitales y El Alto, todos electos por el voto, acordó que una comisión técnica encabezada por el INE socializará aspectos técnicos del Censo en cada departamento, con equipos técnicas de alcaldías, municipios y universidades. La primera semana de agosto se hará conocer el cronograma.

También Arce logró acuerdos con rectores de universidades públicas para que sean parte del censo en la cartografía y levantamiento de datos. A esto se sumó la valoración de aplazar el censo hasta el 2024 por parte de la denominada Comisión Internacional de Alto Nivel, integrada por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), la División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Fondo de Población de las Naciones Unidas, (UNFPA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y Fonplata-Banco de Desarrollo.

Alarcón recordó que el Instituto Nacional de Estadística (INE) tenía avances importantes en el proceso censal, pese a que el gobierno de facto de Jeanine Áñez, no había hecho nada para garantizar este trabajo.

Se tiene un avance el 90% en la boleta censal y resta la evaluación cognitiva, en cuatro ciudades se tiene avance del 68% de la actualización cartografía y se concretó el financiamiento de $us 68 millones, además de la parte técnica del relevamiento de datos.