Es recurrente la pregunta que se plantea en relación a por qué en Bolivia no se presentan de manera impactante los efectos de la crisis económica, comercial y financiera mundial, como sí ocurre en la mayoría de países de la Región, que enfrentan devaluaciones de su moneda, inflación acelerada, déficits fiscales y de balanza comercial y de pagos, recesión productiva, por tanto consecuencias serias para las clases trabajadoras y los sectores populares. Y otra pregunta que surge de inmediato es hasta cuándo será posible que se mantenga esta situación de relativa estabilidad, crecimiento económico y equilibrio en los indicadores macroeconómicos.

La propia lógica del capitalismo en su fase neoliberal genera crisis cada vez en ciclos más cortos y más aún ahora con las consecuencias de la pandemia del coronavirus y la guerra en Ucrania, convertida ya en guerra de repercusiones globales y que ha puesto en vilo a las viejas potencias de Europa y Norteamérica frente a la falta de energía de gas y petróleo de consumo fundamental de la población y las industrias y la escasez de los alimentos.

Las transformaciones políticas, culturales, económicas y sociales en Bolivia, ejecutadas por el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), a la cabeza de Evo Morales Ayma (2006-2019) y de Luis Arce Catacora (2020-2025), están en la base de las respuestas a estas interrogantes.

Frente al neoliberalismo dominante en el periodo de 20 años, desde 2006 el fortalecimiento del Estado con la nacionalización de los hidrocarburos, la recuperación de las empresas estratégicas enajenadas, el impulso a la industrialización, la reforma constitucional, la democracia participativa, la redistribución social y regional de la riqueza y la expulsión del Fondo Monetario Internacional (FMI) como gestor de la política económica, así como la retención de los excedentes antes exportados al exterior por las transnacionales instaladas en el país, estuvieron en el centro del proyecto nacional-popular impulsando un proceso de liberación nacional.

La nacionalización de los hidrocarburos del 1 de mayo de 2006 y los precios internacionales del gas (principal recurso de exportación a Brasil y Argentina) permitieron contar con importantes recursos para la redistribución social y la reinversión en proyectos industriales como los de la separación de los líquidos de hidrocarburos, de urea y de fertilizantes y de otros emprendimientos basados en el papel impulsor y gestor del Estado Plurinacional que implementa el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (Mescp) y el "Plan de Desarrollo 2021-2025".

A pesar de la existencia de una estructura latifundista agroexportadora muy poderosa, el Gobierno ha condicionado su exportación (soya y derivados, principalmente) si previamente se asegura la demanda del mercado interno, siendo importante además la producción campesina pequeña y mediana, que ha recibido incentivos y apoyo técnico y financiero de las instituciones estatales.

Ante el futuro inmediato, los proyectos de industrialización de litio, hierro, biocombustibles y de propileno y polipropileno se encuentran en la carpeta de ejecución, sin embargo, los primeros dos están muy retrasados desde el periodo de su aprobación.

Entre tanto la explotación de oro está bajo control de "cooperativistas" que realizan exportaciones millonarias de manera ilegal, la explotación de la mina San Cristóbal (la más grande de plata, plomo y zinc de Bolivia) está bajo control de la empresa transnacional Sumitomo –con impuestos y regalías ínfimas para el país–, y las empresas petroleras mixtas Chaco y Andina, en las que la transnacional Repsol tiene una alta participación junto a la estatal YPFB, no informan de su situación, se convierten en un desafío para que el Gobierno tenga un mayor control y genere las condiciones para continuar con un proceso económico de desarrollo integral y de largo alcance y enfrente las eventualidades y repercusiones de la crisis mundial.