Los líderes cruceños decidieron dar un plazo de cinco días al Gobierno para anular la postergación del Censo 2022. El Gobierno, a través del portavoz presidencial Jorge Richter, y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se acusan mutuamente de no interesarles el Censo, en medio del conflicto por el aplazamiento del empadronamiento hasta 2024. Para Richter, a los líderes cívicos y de la Gobernación cruceños no les interesa el Censo y buscan un factor de desestabilización y "ruptura institucional" con su desacuerdo con la postergación y las protestas definidas en la cumbre que se llevó a cabo el viernes 15. En ese encuentro en el que participaron Camacho, el dirigente cívico Rómulo Calvo y otros se otorgó a la administración de Luis Arce un plazo de cinco días para anular el Decreto 4760 que difiere para 2024 el Censo que estaba previsto para noviembre, caso contrario cumplirán un paro el 25. "Lo que verdaderamente les interesa a este pequeño grupo que se ha apoderado de las decisiones, de la vida y futuro de Santa Cruz, que es el Comité Cívico y la Gobernación, es encontrar un factor de desestabilización, a partir del cual pueden construir todo este ánimo de generar una ruptura institucional", advirtió el portavoz en los medios estatales. DECRETO. Ocho de nueve gobernadores y la representación edil nacional acordaron diferir el Censo para mayo o junio de 2024. Arce materializó ese acuerdo asumido en el Consejo Nacional de Autonomías (CNA), que se reunió el martes 12 en la Casa Grande del Pueblo, con el Decreto 4760. Camacho no asistió y justificó su ausencia en ese evento convocado 10 días antes, con una citación fiscal para declarar por el caso Golpe de Estado I —suspendido el lunes 11— y la falta de pasajes aéreos. Richter calificó de "irresponsable" ese accionar, porque ninguna de las justificaciones eran óbice para estar en La Paz. El también jefe de Creemos y excívico cruceño, uno de los principales opositores al Gobierno, se pronunció ayer a través de sus redes sociales: "Para este gobierno, que la democracia les estorba y el fraude lo lleva en la sangre, el Censo es un problema". Hasta el momento solo los líderes cruceños asumieron el rechazo al decreto de reprogramación del empadronamiento. El gobernador de La Paz, Santos Quispe, cuestionó que su colega cruceño ahora esté "chillando como un niño mimado" cuando debió hacer conocer su posición en el CNA. Similar posición asumió el gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, el 14 de julio. "Como no ha participado (Camacho) ya no es culpa nuestra, nosotros como autoridades departamentales deberíamos ser responsables". Entre los argumentos para aplazar el Censo expuestos en el CNA están el retraso en el cronograma precensal debido a la pandemia de COVID-19, la incorporación de idiomas originarios en la boleta censal, la necesidad de más tiempo para la socialización de la boleta, y de contar con una cartografía estadística plenamente coordinada con los gobiernos municipales e indígena originario campesinos; las condiciones climáticas que generan inaccesibilidad caminera y la migración interna por temporada de zafra. Richter descartó que se vaya a aceptar el ultimátum de los líderes cruceños, cuando la decisión fue tomada por ocho gobernadores y la representación edil. "No puede ser que estos ocho gobernadores, como si tuviesen una jerarquía menor, tengan que ceder ante el capricho, la indiferencia y la politización sistemática de un gobernador (Camacho)". ESCAÑOS. Los resultados del Censo, además de mostrar un radiografía de situación de los bolivianos, son utilizados para la redistribución de la coparticipación tributaria y los escaños en la Asamblea. Justamente entre los argumentos de la protesta de los líderes cruceños se halla que se está postergando el acceso a más recursos. Richter aclaró que la coparticipación beneficia a los municipios y que la Gobernación recibe recursos del Gobierno central. A diferencia de la cumbre del viernes, el vicepresidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), Pedro Damián Dorado, rechazó la amenaza de una extrema medida de presión. "Son amenazas temerarias", advirtió en medio del panorama de conflictividad que se avecina.