Tras conocerse que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) falló en contra el Estado boliviano para que indemnice a la sociedad Banco Bilbao Vizcaya Argentina SA (BBVA) por $us 195 millones, la Procuraduría General del Estado indicó que la tutela es "parcial" y que se tomarán acciones en instancias intercionales.
"El Gobierno Nacional, a través de la Procuraduría General del Estado, ha tomado conocimiento sobre el laudo pronunciado por el tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que parcialmente ha otorgado tutela a la sociedad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, principal accionista de BBVA Previsión AFP", indica un comunicado de la entidad estatal.
Según el portal cronicavasca.com, el documento del laudo arbigtral establece que no se cuestionó la nacionalización de la administración de los aportes de jubilación, sino la "implementación anárquica de la nacionalización y del proceso de traspaso del servicio a la gestora pública, que ha perjudicado las operaciones de BBVA Previsión y consumido sus recursos".
"Desde el inicio del proceso arbitral el Gobierno democráticamente elegido, asumió todas las acciones de defensa fundamentadas y presentó las pruebas pertinentes, las mismas que no fueron valoradas por el mencionado tribunal… Nuestro gobierno ha dispuesto dar continuidad al contrato con la empresa Heinsohn Business Technology (HBT) permitiendo a la Gestora Pública, iniciar operaciones con el respaldo técnico necesario en el menor tiempo posible", remarca el comunicado de la Procuraduría.
"A la fecha las entidades competentes del Estado, coordinan responsablemente las acciones de defensa en la siguiente etapa del proceso en instancias internacionales, al considerar que este fallo no tomó en cuenta nuestros argumentos y pruebas de manera idónea", añade.
La Procuraduría afirma que laudo arbitral del CIADI es parcial y anuncia siguiente etapa en otras instancias
Este sábado se conoció que el CIADI conminó al Estado boliviano a pagar $us 105 millones por los perjuicios derivados de la demora en el traspaso del servicio a la Gestora Pública, para administrar los aportes a la jubilación.
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