La reunión sostenida entre los actores del comité interinstitucional de emergencia en defensa del Censo de Población y Viviendas resolvió cinco medidas a asumir en defensa de a la encuesta que fue postergada para 2024, donde rechazaron enfáticamente esta posibilidad y advirtieron con iniciar procesos en contra de los encargados de la organización del Censo, además de convocar para el viernes a una cumbre departamental de emergencia.

El documento detalla que "la postergación del censo implica un efecto directo para la población pues tendremos que esperar mínimamente hasta 2026 para tener resultados oficiales postergando la atención de los problemas de salud, educación, servicios básicos, caminos y otros, donde se necesitan recursos para cubrir las necesidades".

Asimismo, los actores observan que el sistema de representación poblacional en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), pierde su esencia en la calidad y legitimidad de representación de la demográfica del país.

El rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, dio a conocer las cinco puntos aprobados por el Comité interinstitucional impulsor del Censo.

1. La Comisión Nacional de Autonomías no tiene la competencia, según la ley marco de Autonomía, para definir la postergación del censo 2022 establecida en el Decreto Supremo (DS) 4546, para el 16 de noviembre de 2022. (El Deber)