A un año de la denuncia contra el gobierno de Mauricio Macri por el envío de armamento a Bolivia en noviembre de 2019, el embajador argentino en ese país, Ariel Basteiro, consideró que fue un «regalo» a la dictadura de Jeanine Áñez y que formó parte de un «plan sistemático» para derrocar a Evo Morales, en el que también participó el Gobierno de Ecuador.

Basteiro resaltó que «al menos» las dictaduras del «Plan Cóndor» de los años '70 «colaboraban mutuamente a escondidas», pero en esta oportunidad se hizo de manera «descarada, abierta y sin tapujos ni vergüenza».

Con el argumento de cuidar la embajada argentina de las manifestaciones que se esparcían por toda la ciudad de La Paz tras el golpe de Estado a Morales, un avión Hércules C-130 perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina (FAA) llegó el 13 de noviembre de 2019 al Aeropuerto Internacional de El Alto con 70.000 cartuchos antimotines, 100 spray gas pimienta y 700 granadas de gas.

«La por entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había autorizado que el día 12 de noviembre salgan municiones desde los depósitos de Gendarmería en El Palomar para subirlo a un avión y llevarlo a Bolivia», detalló el embajador Basteiro.

«Hubo armamentos que entraron legalmente, con los trámites aduaneros hechos, pero había unas siete u ocho cajas que nadie sabía qué eran», agregó.

Dentro de ese cargamento estaba lo que el embajador Basteiro consideró como «un regalo que le hizo el Gobierno de Macri a la dictadura de Áñez».

Dos días después de esta operación, fuerzas de seguridad dispararon a mansalva contra manifestantes congregados en las ciudades bolivianas de Senkata y Sacaba, dejando un total de 27 muertos y cientos de heridos, una feroz represión calificada como «masacre» por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Hace un mes, el embajador Basteiro confirmó el hallazgo de 40 mil municiones que estaban en poder de una parte de las Fuerzas Armadas de Bolivia (FAB) y aumentó las sospechas de que el envío desde Buenos Aires no sólo tuvo como fin defender la Embajada en La Paz sino engordar el armamento anti tumulto, algo que es investigado por la Justicia de ambos países.

La operación salió a la luz luego de que el canciller boliviano Rogelio Mayta diera a conocer hace un año un escrito en el que el ex comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Jorge Terceros Lara, le agradecía el envío del cargamento al por entonces embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García.

«Curiosamente apareció la nota en el archivo de notas generales, donde están las cuestiones internas de la embajada», explicó Basteiro y resaltó: «Nunca un Gobierno argentino había participado de manera tan activa y directa en un golpe de Estado, mucho menos en democracia».

Desde aquel momento, en la Argentina, el juez en lo penal económico Alejandro Catania está a cargo de la causa en la que se intenta entender cómo fue el derrotero del cargamento despachado desde El Palomar por gendarmes del Grupo Alacrán.

«Ya declararon prácticamente todos los gendarmes que llegaron a Bolivia con las municiones, eran 12 miembros de este grupo», comentó Basteiro sobre la actualidad de una pesquisa en la que cree que hay «documentación, testigos y prueba del delito en cantidades».

Como imputados en la investigación se encuentran el ex presidente Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Álvarez García; el ex director general de la Gendarmería Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.

El fiscal que lleva adelante la causa, Claudio Navas Rial, también imputó a tres ex funcionarios de la administración Cambiemos: Marcos Peña (jefe de Gabinete), Jorge Faurie (canciller) y Fulvio Pompeo (secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación).

Según el embajador, el accionar del Poder Ejecutivo argentino coincide con «un contrabando a la mejor manera de Macri», de igual forma que «contrabandeaba autopartes» y que «llevó negocios» por fuera de la ley.

«Hasta el momento, Catanio está interesado en llevar el proceso adelante, aunque quizás estos sean los tiempos de nuestra Justicia», cuestionó Basteiro sobre la lentitud de un camino judicial que en el país vecino es «más rápido».

En Bolivia, la causa sobre la llegada de municiones, caratulada como «Golpe de Estado III», tiene imputados al ex comandante Terceros Lara y al ex jefe de la Policía Yuri Calderón.

«Todo hace creer que a fin de este año se va a conocer el fallo en Bolivia», apuntó el embajador y estimó que el juicio «empezará en agosto o septiembre próximo».

Sin embargo, el envío de armamento no fue sólo del Gobierno argentino: al día siguiente de las masacres de Sacaba y Senkata, un avión boliviano aterrizó en la capital de Ecuador, Quito, en busca de 5.000 granadas de mano, 2.398 proyectiles de corto alcance, 560 municiones de largo alcance y 500 granadas de sonido y destello.

Por esta maniobra con la administración de Lenín Moreno, la Fiscalía de Bolivia imputó hace un mes a dos ministros de la ex presidenta de facto Áñez por «tráfico ilegal de armas».

«Hubo un plan sistemático que el presidente boliviano Luis Arce denominó Plan Cóndor 2, que tuvo el objetivo de hacer caer la democracia boliviana para poner un Gobierno de derecha que estuviera en sintonía con los gobiernos de la región», señaló Basteiro.

En este contexto, el embajador hizo hincapié en que el gobierno de Arce «no le preguntó» a todas las embajadas por operaciones similares porque «no todas» tienen la misma actitud «de colaborar» como sí lo tiene la de la Argentina.

«Evo Morales y el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) era el único Gobierno que quedaba en la región de los procesos de cambio que se dieron en América Latina a partir del inicio del siglo XXI», subrayó.