El Gobierno nacional oficializó este lunes la implementación del Decreto Supremo (DS) 4732, cuyo objetivo de proteger a los bolivianos y frenar las cláusulas y prácticas comerciales "abusivas" en contratos de preventa de bienes inmuebles.
"Cuando se promulgó el Decreto Supremo 4732, escuchamos voces razonables de preocupación en el sentido que este decreto iba a ahuyentar las inversiones o iba a generar burocracia y otros elementos. En ese contexto, nuestro presidente (Luis Arce) nos encomendó, al Ministerio de Justicia, a través del ministro Iván Lima, que podamos escuchar a los empresarios, al sector privado, para conocer las observaciones que tenían, descartando y desvirtuando aquellas preocupaciones que tenían como sector", informó este lunes el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva.
De acuerdo con la autoridad, esta normativa no se constituye en un mecanismo que pueda ahuyentar la inversión formal en Bolivia, sino más al contrario, busca formalizar la economía y potenciar al sector empresarial que hay en el país.
Dijo que el decreto está enfocado a resguardar, a proteger los derechos de usuarios y consumidores que demandan a veces el servicio de una inmobiliaria, para adjudicarse un bien inmueble o a veces demandan el bien inmueble, directamente.
"Aquí creemos que están aquellas empresas, aquel sector privado formal que quiere ponerle el hombro también a la construcción de esa economía plural, y algo que está decidido también a luchar contra la informalidad y ayudarnos a formalizar la actividad y al sector. Éste también es un servicio que va a brindar el Ministerio de Justicia, esta certificación no tiene costo alguno", mencionó.