En Quito, muy cerca de la Universidad Salesiana que aloja a los manifestantes, se concentraron los mayores choques con la policía antimotines en el noveno día de protestas indígenas para exigir la reducción de los precios del combustible.
Portando largos palos de madera y protegidos con escudos artesanales, unos 10.000 indígenas protestaron este martes en varios puntos de Quito contra el gobierno del conservador Guillermo Lasso, que considera las manifestaciones un «serio riesgo» para la democracia.

En Quito, muy cerca de la Universidad Salesiana que aloja a los manifestantes, se concentraron los mayores choques con la policía antimotines en el noveno día de protestas indígenas para exigir la reducción de los precios del combustible.
Los agentes, varios en motocicleta y a caballo, intentaron dispersar a los manifestantes con gases lacrimógeno y chorros de agua lanzados por vehículos antimotines.

La presencia policial era fuerte en el sector, donde además está la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) que tradicionalmente ha sido el punto de reunión de los indígenas.

Pero esta vez la policía instaló en este edificio rodeado de espejos su sede para controlar las protestas convocadas por la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).

También hubo focos de manifestaciones en el sur de Quito y cerca de la estatal Universidad Central (norte), según la policía.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos reportó 79 civiles detenidos y 55 heridos desde el inicio de las protestas.
La policía informó a su vez de 79 uniformados heridos y otros 27 retenidos por manifestantes pero luego liberados.
En casi un año, el diésel subió un 90% (a 1,90 dólares) y la gasolina corriente un 46% (a 2,55). Desde octubre pasado los precios están congelados por la presión social.
La Conaie, liderada por Leonidas Iza, reclama rebajarlos a 1,50 y 2,10 dólares, respectivamente.
10.000 manifestantes
Tras nueve días de protestas en varios puntos del país que cortaron vías con neumáticos envueltos en llamas y afectaron la producción petrolera, el ministro de Defensa, Luis Lara, expresó que «la democracia del Ecuador está en serio riesgo».
«Las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción contra la democracia y de las leyes de la República», agregó Lara, que habló también en representación del Ejército, Marina y Fuerza Aérea.
La opositora Conaie participó en revueltas que derrocaron a tres mandatarios entre 1997 y 2005.
El Servicio de Seguridad ECU911 estimó que unos 10.000 manifestantes estaban en Quito, una ciudad de tres millones de habitantes.
Seis provincias ecuatorianos se hallan bajo estado de excepción, mediante el cual el Ejecutivo movilizó militares e implantó un toque de queda nocturno de siete horas.
Daños y pérdidas
Un joven falleció el lunes tras caer en una quebrada fuera de Quito donde había manifestaciones, dijo la policía, e indicó que se trató de un accidente. La fiscalía decidió no obstante abrir una investigación por presunto homicidio.
La sede de la fiscalía también fue atacada con piedras por manifestantes, y sus puertas de cristal fueron destruidas.
El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, señaló en Twitter que las manifestaciones «siguen escalando y comprometiendo gravemente la paz» y que los mercados capitalinos «están quedando desabastecidos».
El gobierno estima que por cada día de protesta el país, cuya economía está dolarizada, pierde unos 50 millones de dólares, sin tomar en cuenta al sector del petróleo, el principal producto de exportación.
El gerente de la estatal Petroecuador, Ítalo Cedeño, indicó que la producción de crudo cayó en unos 100.000 barriles por día (bd), un 21% del total, a causa de las protestas en la selva de la Amazonia, donde están los pozos.
¿Diálogo a la vista?
Los nativos también reclaman al Ejecutivo un control de precios a los productos agrícolas para mejorar sus economías familiares, empleo y más presupuesto para salud y educación, además de una moratoria de un año para el pago de créditos con la banca y suspensión de concesiones mineras en sus territorios.
En un nuevo gesto para buscar soluciones, el presidente Lasso difundió en Twitter una carta en la que aceptó participar en «un proceso de diálogo franco y respetuoso con la Conaie y más organizaciones» civiles.
«Es nuestro deber llegar a consensos por el bien del país», escribió Lasso.
Iza respondió por redes sociales que se pronunciará más tarde.
El mandatario, que asumió en mayo de 2021, ha denunciado que el movimiento indígena lo quiere «botar».
En 2019, protagonizó violentas protestas que dejaron 11 muertos, más de 1.000 heridos y que obligaron al expresidente Lenín Moreno a dar marcha atrás en un plan para eliminar los subsidios a los combustibles como parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Manifestantes.
«Somos pueblo y tenemos que estar aquí hasta las últimas consecuencias», dijo a la AFP Víctor Taday, un indígena de la provincia de Chimborazo (sur) que vive en Quito.
Taday, un taxista de 50 años, se unió a la protesta por considerar que el costo de los combustibles ha encarecido la vida.
Su deseo es que Lasso, un exbanquero de derecha, «se vaya».
En una semana las manifestaciones dejan 63 agentes heridos y otros 21 retenidos y liberados, según la Policía.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos reportó a su vez 79 detenidos y 55 civiles heridos.
La universidad Salesiana, en el norte de la capital, decidió el lunes «abrir las puertas» de sus instalaciones como «zona de paz y acogida humanitaria» para los indígenas y llamó «a deponer acciones y actitudes que interfieran o alteren los procesos de diálogo y la búsqueda de soluciones».
Tradicionalmente, los indígenas se alojaban en la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), también en el norte, pero la víspera la entidad fue ocupada por la Policía, que la requisó.
Allí se instaló personal de la Unidad de Mantenimiento del Orden «ante las amenazas de grupos sociales que usan como forma de protesta la violencia», dijo la institución policial.