El Gobierno consideró este sábado que la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (OACNUDH-Bolivia) exageró en sus observaciones al proceso contra la exmandataria Jeanine Áñez y otros implicados en el caso Golpe de Estado II, por el cual la expresidenta fue sentenciada a 10 años de prisión.

"Estamos en desacuerdo con algunos temas, yo creo que han exagerado en su pronunciamiento, pero, en resumen, hay una sensación en el Gobierno, en el Ministerio de Justicia, de que el proceso se ha caracterizado por el debido proceso", sostuvo el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles.

Reconoció que "hay temas que hay que mejorar" y apuntó que el juzgamiento por el delito de incumplimiento de deberes corresponde a una decisión asumida por el Tribunal que juzgó a Añez, siendo que este tipo de delito fue modificado por la Ley de Fortalecimiento de Lucha Contra la Corrupción.

"Seguramente va a ser motivo de apelación y veremos que dice el tribunal de apelación y de casación, es más va a llegar con seguridad porque la señora Áñez y su defensa ha agotado las instancias ordinarias y extraordinarias, reitero ha sido una decisión del Tribunal Especializado Primero Anticorrupción de decidir aplicar el delito que estaba vigente en el momento de los hechos que se le acusaban a la señora Áñez y a las otras personas que fueron condenadas", dijo.

La Oficina de la Alta Comisionada consideró el viernes, a través de un comunicado público, que el delito de incumplimiento de deberes "es incompatible con el principio de legalidad recogidos en varios tratados de derechos humanos, por ser excesivamente amplio y ambiguo".
Además, emitió otras cinco observaciones preliminares sobre, lo que consideró, los aspectos "que tienen un efecto" en el debido proceso contra la exmandataria Áñez.

Lee además: NNUU sobre juicio contra Áñez: Incumplimiento de deberes es 'incompatible con la legalidad'

Siles sostuvo que "existe la posibilidad" en la Constitución Política del Estado de aplicar "incluso de manera retroactiva ciertos delitos que han sido recientemente (cometidos) como también existe la posibilidad de la ultraactividad de mantener un tipo penal anterior como lo ha hecho este tribunal".

Añez y otros jefes militares y policiales fueron sentenciados a 10, 4 y 3 años por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

Naciones Unidas también observó el uso de audiencias híbridas, es decir, audiencias virtuales y presenciales. Siles dijo que se recurrió a esta modalidad por la pandemia y por "porque estaba en riesgo la salud de la señora Añez", además de un instructivo dictado por el Tribunal Supremo de Justicia.

Apuntó que en la actualidad rige el principio de virtualidad y que el 90% de las audiencias se realizan bajo ese mecanismo. "Ahí se exageró por no revisar antecedentes", indicó.