La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (OACNUDH-Bolivia) emitió este viernes seis observaciones preliminares sobre, lo que consideró, los aspectos "que tienen un efecto" en el debido proceso contra la exmandataria Jeanine Áñez. La entidad apuntó, en primer lugar, que el tipo penal de incumplimiento de deberes, uno de los delitos por los que fue sentenciada, es "incompatible con el principio de legalidad".

"Es incompatible con el principio de legalidad recogidos en varios tratados de derechos humanos, por ser excesivamente amplio y ambiguo", consideró la entidad internacional a dos días de haberse leído en su integridad la sentencia a 10 años de cárcel contra la expresidenta por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.

Representantes de la OACNUDH-Bolivia hicieron un seguimiento al proceso relacionado a la forma cómo Áñez tomó la presidencia del Senado, que luego le permitió hacerse de la Presidencia del Estado, en una sesión sin quórum y siendo de la oposición, lo que no está contemplado en el Reglamento de Debates.

También observó "el uso excesivo y no excepcional de la detención preventiva como medida cautelar". La expresidenta fue aprehendida y enviada a la cárcel en marzo de 2021, desde entonces permaneció en la cárcel.

Según la Misión, el "formato virtual e híbrido de las audiencias" tuvo un impacto en los principios de publicidad e inmediación, "respecto al acceso físico del público en general y de los medios de comunicación" y del juez con todas las actuaciones y los sujetos del proceso.

El Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Germán Ramos, decidió que el juicio oral se realice de forma virtual y presencia. Áñez y los coacusados siguieron el juicio de forma virtual, desde la cárcel donde están recluidos, mientras que sus abogados estuvieron presentes en la audiencia de forma presencial. Los jueces solo se vieron físicamente con los ahora sentencia cuando escucharon sus versiones antes de la sentencia.

"Sobre todo, afectó a las tres personas acusadas en detención preventiva que solo estuvieron presentes en las audiencias de manera física cuando el Tribunal se desplazó a los centros penitenciarios para tomarles las declaraciones inicial y final", observó el organismo internacional.

Otras observaciones apuntan a la realización de juicios en "rebeldía". La Misión consideró que éstos deben evitarse "por el impacto que ello puede tener en el derecho a la defensa de las personas acusadas".

Entre los sentenciados en ausencia están los excomandantes de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y de la Policía Yuri Calderón fueron procesados en ausencia y condenados a 10 años de cárcel. Están prófugos.

"El acceso a la prueba testifical por las partes pudo haber sido facilitado en mayor medida. La decisión del Tribunal de no exigir la comparecencia de testigos afectó a todas las partes en sus derechos procesales", señaló la entidad.

También observó que la numerosa participación de partes acusadoras (Fiscalía, Procuraduría, Ministerio de Gobierno y hasta un senador) afectó el "equilibrio procesal" en la posibilidad de presentación de pruebas, en la confrontación de testigos y en la presentación de alegatos.

"Las presentes observaciones, que no afectan la independencia judicial, reflejan en gran medida los desafíos estructurales del sistema de justicia que requieren una respuesta integral basada en el enfoque de derechos humanos", aclaró el organismo.

El 10 de junio, el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz, por decisión unánime, condenó a 10 años de cárcel a la expresidenta Áñez por el caso Golpe de Estado II, en el que fue juzgada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.