La defensora rechazó las declaraciones de los diputados y dijo que pretenden situar como delincuentes a niñas, adolescentes y mujeres que, por causas de violación, incesto, estupro o cuando su vida y salud corre peligro, deciden interrumpir un embarazo.

La Defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz, se refirió a las declaraciones de los legisladores de la bancada Creemos, quienes cuestionan su postura respecto al aborto, y ratificó que agotará las vías naciones e internacionales para que el Estado proteja a las niñas, adolescente y mujeres vulneradas en sus derechos.

Cruz advirtió que las declaraciones de los diputados de alianza Creemos muestran un total desconocimiento de la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley N° 870, del Defensor del Pueblo, los estándares internacionales en materia de derechos humanos y la Sentencia Constitucional Plurinacional del Tribunal Constitucional Plurinacional 206/2014; asimismo, observa una errónea interpretación del contenido y de las determinaciones del Informe Defensorial "Situación de la Interrupción Legal del Embarazo como derecho Humano de las Mujeres".

Las declaraciones de Cruz se dan luego de que legisladores de Creemos denunciaron este jueves que la Defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz, promueve, a través de actuados defensoriales, la despenalización del aborto en Bolivia.

"Primero queremos denunciar que la señora Nadia Cruz, supuesta Defensora del Pueblo, está realizando unos informes defensoriales sobre la situación de la interrupción legal del embarazo como derecho humano de las mujeres", explicó el jefe de bancada de Creemos, Erwin Bazán.

Además, Bazán adelantó que en los siguientes días oficializarán el pedido de la elección de un nuevo defensor o defensora del Pueblo porque consideran que Nadia Cruz, actual titular interina de la Defensoría, se encuentra usurpando funciones.

La defensora rechazó las declaraciones de los diputados y dijo que pretenden situar como delincuentes a niñas, adolescentes y mujeres que, por causas de violación, incesto, estupro o cuando su vida y salud corre peligro, deciden interrumpir un embarazo, toda vez que las mismas son víctimas y el Estado, incluida la Asamblea Legislativa Plurinacional, deben garantizar su protección.