El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, afirmó que el Ministerio Público rechazó la pena impuesta por el Tribunal de Sentencia de La Paz en contra Jeanine Áñez y que apelará el dictamen una vez que se conozca el texto íntegro de la sentencia.

"El Ministerio Público está a la espera de los fundamentos que el Tribunal de Sentencia haga conocer, por los que ha fundado la decisión al momento de la sentencia, para presentar el recurso de apelación que es analizada por la Comisión de Fiscales", dijo Lanchipa, citado en un boletín de prensa de esa institución.

Explicó que el Ministerio Público acreditó, fundamentalmente, la existencia del hecho de la ruptura de la sucesión constitucional, lo cual fue demostrado en el juicio, en el entendido de que hubo un quebrantamiento a la Constitución Política del Estado.

Áñez fue juzgada por la comisión de dos delitos —resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes— al proclamarse presidenta por sucesión ante la renuncia en 2019 de Evo Morales.

"En este caso, el Ministerio Público cumplió con su deber de investigar, procesar, y llevó adelante el enjuiciamiento, acreditada y probada la acusación que presentó para lograr la sanción penal para Jeanine Áñez Chávez como culpable y responsable de la ruptura del orden legal y constitucional a finales del 2019", enfatizó Lanchipa.

El 10 de junio, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz emitió la sentencia en contra de Áñez por los delitos de incumplimiento de deberes, y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, imponiéndole la pena privativa de libertad de 10 años, que deberá cumplir en el recinto penitenciario de Orientación Femenina de Miraflores.

Junto a ellas, y el mismo lapso, también fueron sentenciados el excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman, que antes de la renuncia de Morales leyó un documento de su Estado Moyor en el que sugería la dimisión del mandatario.

También fue condenado a 10 años de presidio Yuri Calderón, entonces comandante de la Policía Boliviana, que también pidió la renuncia del Presidente.