El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, afirmó este lunes que el recurso de queja presentado en las últimas horas por la expresidenta Jeanine Áñez, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), "no tiene efecto suspensivo" en la anunciada reinstalación del juicio oral por el caso Golpe de Estado II.

"El recurso de queja establece que el Tribunal de Garantías no hubiese dado cumplimiento a alguna sentencia constitucional y es por eso que se genera este recurso ante el TCP, pero entendemos nosotros y, como es de conocimiento público, no ha acontecido esta situación, además que procesalmente no corresponde, por ello este recurso de queja no tiene un efecto suspensivo que pueda paralizar la continuación del juicio", dijo.

Esta mañana, la defensa de Áñez presentó en la ciudad de Sucre un recurso de queja ante el TCP para continuar impidiendo que se reinstale el juicio por el caso Golpe de Estado II, que debe dictar una sentencia en su contra y otros involucrados.


El nuevo recurso fue planteado faltando solo unas horas para que el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz instale la "audiencia de prosecución de juicio", que está prevista para las 14.00 de este lunes en la sede de Gobierno.

Inmediatamente después de que se presentara el nuevo recurso, la defensa de Áñez también solicitó al Tribunal de Sentencia de La Paz dejar sin efecto la prosecución del juicio, que considera "ilegal", debido a que el TCP "tiene la obligación previa de responder a la queja presentada en Sucre".

La audiencia de alegatos finales y de la lectura de sentencia por el caso Golpe de Estado II había quedado frenada, inicialmente, por una acción de inconstitucionalidad concreta planteada por la defensa de Áñez. No obstante, el TCP rechazó dicho recurso.

Tras esa determinación, la defensa de la exmandataria presentó ante el TCP una solicitud de enmienda, que también fue descartada por el Tribunal Constitucional, y por eso ahora recurre a un nuevo recurso.

En este proceso, la expresidenta transitoria es acusada por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes durante su proclamación en la crisis de noviembre de 2019.