El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, afirmó que tomó conocimiento de que más del 95% de las actividades inmobiliarias en el país son irregulares, por lo que anunció una reunión con ese sector para la siguiente semana.

En declaraciones a la televisora estatal, la autoridad explicó que este tema debe ser analizado con mucho cuidado, luego que esta semana entró en vigencia el Decreto Supremo 4732, que tiene por objetivo prevenir "cláusulas y prácticas comerciales abusivas" en contratos relacionados a la venta de bienes inmuebles.

"Ellos mismos, los de la Cámara Boliviana Inmobiliaria han hecho un estudio en el cual han identificado que más del 95% de la actividad inmobiliaria en el país es irregular, es informal y que ahí se da este tipo de engaños y estafas a la población", dijo Silva.

En ese marco, anunció una reunión para estos días, a fin de discutir la reglamentación, pues se busca consolidar una norma que proteja la actividad legal, en beneficio de la población.

Asimismo, descartó que esta normativa ahuyente las inversiones, más al contrario, subrayó que generará una solidez legal también para los empresarios. "Si tienen todo en orden no tienen por qué preocuparse", enfatizó.

La autoridad recordó que en los últimos 18 meses se han registrado más de 32.000 denuncias referidas a esta situación, en Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Oruro, La Paz y El Alto, lo que ha impulsado la puesta en vigencia de este decreto.

En ese marco, se evidenció que en la mayoría de contratos de preventa no figura si el vendedor tiene derecho propietario o porcentaje de áreas comunes del bien inmueble, además que el impuesto a la transferencia la debe pagar el comprador, cuando el Código Tributario señala que debe hacerlo el vendedor.

Aparte, Silva sostuvo que ahora los contratos deberán estar certificados por el Ministerio de Justicia y cumplir con 17 requisitos que señala la norma, de lo contrario se aplicarán sanciones administrativas, económicas y, en última instancia, se recurrirá al Ministerio Público en caso detectar delitos penales.