La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó este domingo que nunca más ningún juez, en complicidad con malos servidores públicos y consorcios delincuenciales de abogados, otorgará libertad a feminicidas o violadores bajo el pretexto de que padece una enfermedad terminal porque se emitió la primera Sentencia Constitucional de Avocación.

La declaración de la autoridad alude a los resultados de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio.

"Hemos querido, a través de una serie de acciones, evitar de que estas cosas se vuelvan a repetir y en ese marco se ha emitido una sentencia histórica, la primera Sentencia Constitucional de Avocación, que determina de manera firme que ningún juez pueda liberar a un feminicida, a un violador, bajo el pretexto de enfermedad terminal", dijo en contacto con Bolivia TV.

A ese argumento, recordó la autoridad, apelaron algunos "delincuentes" para que se los deje libres en complicidad con malos administradores de justicia.

Manifestó que el Gobierno continuará trabajando con énfasis en la despatriarcalización y la transformación de la sociedad boliviana con el objetivo de alcanzar el horizonte del Vivir Bien con justicia social.

"Nosotros tenemos que continuar trabajando en la despatriarcalización porque despatriarcalizar es transformar nuestra sociedad desde sus cimientos, despatriarcalizar es consolidar los derechos de nosotras como mujeres hoy establecidas en nuestra Constitución Política del Estado, despatriarcalizar es caminar juntos liberándonos de formas de opresión, de dominación, de exclusión, de violencia que reproducimos que, lamentablemente, se normaliza", remarcó.

Explicó que el horizonte de la sociedad boliviana es el Vivir Bien con justicia social, pero tiene una responsabilidad compartida porque se inicia, dijo, en la familia, continúa en la escuela, los niveles gubernamentales, los gobiernos subnacionales, todos los órganos del Estado Plurinacional de Bolivia y los medios de comunicación.

Asimismo, la autoridad gubernamental recordó que la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio culminó con su labor con la destitución de 10 jueces y ocho fiscales, 21 personas, entre feminicidas y violadores, recapturadas y el 100% de juzgados de ejecución penal y los juzgados disciplinarios del país fueron intervenidos.

Los principales resultados son: 100% de los juzgados de ejecución penal intervenidos; 18 jueces investigados, 10 de ellos destituidos, cuatro detenidos preventivamente, uno buscado; además de 21 personas recapturadas, entre ellos feminicidas y violadores.

"Quince de los 18 jueces de ejecución penal están siendo procesados, ya sea por la vía administrativa o por la vía penal y 10 jueces de ejecución penal, de los 18, han sido destituidos. Estos son resultados, sin lugar a duda, muy importantes porque es la primera vez que se da este tipo de intervención y de acción inmediata en el Órgano Judicial", explicó.

El 1 de febrero de 2022 el presidente, Luis Arce instruyó la conformación de la comisión como una respuesta inmediata a la crisis provocada por la ola de violencia hacia las mujeres y las denuncias por casos de prevaricato en beneficio de feminicidas.

Se conformó la comisión por los ministerios de la Presidencia, Justicia y Gobierno; Cámaras de Senadores y Diputados; Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional, Comité de Género del Órgano Judicial, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Policía y Defensoría del Pueblo.