Luego de 10 intentos fallidos, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, deberá entregar "de forma inmediata" a Bolivia los informes de "auditoría" de las elecciones de 2019 sobre las que denunció fraude, dijo el embajador boliviano Héctor Arce.

El representante ante la Organización de Estados Americanos (OEA) fue quien informó que ahora Almagro está obligado a responder a los requerimientos bolivianos, al amparo de un nuevo mecanismo de transparencia aprobado en el Grupo de Revisión de Cumbres de las Américas (GRIC).

Según el nuevo apartado relativo a las misiones de observación electoral, éstas deben conducirse "bajo los principios de objetividad, imparcialidad, transparencia, independencia, respeto a la soberanía y con acceso a la información".

Almagro "deberá entregar de manera inmediata toda la documentación que se le fue requerida durante un año en más de diez oportunidades, sobre la supuesta Auditoría de Integridad Electoral realizada sobre las Elecciones Generales del 20 de Octubre de 2019" (sic), escribió Arce en Facebook.

Conteo rápido

Ese año se realizaron las elecciones generales en medio de cuestionamientos a la candidatura del entonces presidente Evo Morales. Tras la jornada de votación, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendieron el conteo rápido y se activaron desde la oposición y cívicos denuncias de cambio de tendencia del voto y un fraude.

Se desató una serie de protestas y Morales buscó apaciguar el conflictivo escenario con un acuerdo con la OEA para realizar una auditoría a los comicios. El 1 de noviembre, el TSE presentó los resultados que daban por ganador a Morales en primera vuelta.

"En el caso concreto del golpe de Estado y el quiebre constitucional de 2019", Almagro deberá entregar el informe de "auditoría" para conocer qué hizo que denuncien un fraude, afirmó Arce.

La situación de conflictividad ese 2019 no bajó de intensidad y Luis Fernando Camacho, entonces líder cívico y ahora gobernador de Santa Cruz, se puso al frente de las protestas que ya no iban por la anulación de las elecciones, sino por la renuncia de Morales.

A las 04.00 del 10 de noviembre de 2019, la OEA hizo público un informe preliminar en el que denunció "manipulación dolosa" en los comicios (el 5 de diciembre presentó el informe final). Fue el detonante que azuzó el conflicto que acabó con la dimisión de Morales y del vicepresidente Álvaro García, en medio un motín policial y la presión de los militares.

Morales negó en reiteradas ocasiones un fraude. Expertos y entidades como el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR) y del MIT Election Data and Science Lab descartaron un fraude, objetaron el informe de la OEA y validaron el triunfo de Morales.

"Día a día se confirma más la verdad de los hechos, jamás existió ningún fraude electoral el 2019 en Bolivia. El Movimiento Al Socialismo ganó limpiamente las elecciones de 2019 y sufrimos un cruento golpe de Estado" (sic), afirmó el diplomático boliviano.

Desde la OEA se cuestionó los informes que ponen en duda la "auditoría" a las justas de 2019 y se defendió el trabajo. En uno de sus últimos comunicados, aseguró que el informe se hizo en el lugar, por expertos en la materia. "No existe un análisis más exhaustivo", sostuvo.

La renuncia de 2019

Tras la renuncia de Morales, tomó el poder Jeanine Áñez, ahora en la cárcel y con una sentencia en puertas por el caso Golpe de Estado II. A pocos días de su proclamación, en noviembre de 2019, ocurrieron las masacres de Sacaba y Senkata, donde más de una veintena de personas murió por impacto de bala en una intervención policial-militar a protestas en apoyo del expresidente.

Para el embajador Arce, el escenario de violencia se dio "bajo la complicidad nefasta de la Secretaría General de una organización que debería defender los Derechos Humanos y la Institucionalidad Democrática en las Naciones, en lugar de destruirlas" (sic).

Morales postuló en 2019 a un cuarto mandato bajo el reconocimiento constitucional de que la reelección es un derecho humano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos descartó ello.