En nombre del gobernador Luis Fernando Camacho y Creemos, el presidente del legislativo cruceño, Zvonko Matkovic, visitó este viernes en Cochabamba a Milena Soto, una de las líderes del grupo Resistencia Juvenil Cochala (RJC) con detención preventiva dentro del caso por los hechos de violencia en Sucre entre fines de 2019 y principios de 2020.

"Está sufriendo la injusticia de un gobierno, de una justicia que se cuadra ante el poder de turno que lamentablemente persigue en vez de buscar la verdad. Una mujer que es madre soltera, que tiene amplias pruebas de que no participó de los actos que se le indilga", cuestionó junto a Soto, quien guarda detención domiciliaria sin derecho al trabajo.
Los hermanos Mario y Antonio Bascopé, Yassir Molina y Soto, líderes del grupo Resistencia Juvenil Cochala, tienen hasta el 6 de junio para presentar pruebas de descargo en el proceso que se les sigue por disturbios y violencia generada en Sucre en 2019-2020. Una vez vencida esta fase se abre el juicio oral, en el que el Gobierno, como parte demandante, pide 20 años de cárcel para los acusados.
A través de un comunicado, el Ministerio de Gobierno recordó el 17 de mayo que los cuatro acusados, "organizados entre noviembre de 2019 y 2020 operaron como grupo armado para atentar contra la seguridad interna del Estado y cometer delitos que van desde secuestro, tortura, vejámenes, privación de libertad, discriminación, atentados contra la salud, destrucción o deterioro de bienes del Estado y de la riqueza nacional en la ciudad de Sucre".
Milena Sotto
Matkovic aseguró que por un daño económico de Bs 4.000 buscan encarcelar por 20 años a los acusados en este proceso abierto en Sucre.
"No le han dado permiso de trabajar, una vez más es intenta quebrarla económicamente, emocionalmente y físicamente", cuestionó y lamentó que se haya ordenado a Soto viajar cada 15 días a Sucre para firmar el libro de registro de la Fiscalía.
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) identificó a la Resistencia Juvenil Cochala y a la Unión Juvenil Cruceñista (brazo operativo del Comité Cívico Pro Santa Cruz) como grupos parapoliciales violentos que deben ser desarticulados para evitar más hechos de violencia.
No obstante, Matkovic aseguró que no es evidente que el informe del GIEI haya expresado ese extremo y anunció que desde el legislativo se hará un seguimiento del proceso.