Fiscalía policial abre causa contra los denunciados por el motín en la crisis de 2019

El caso fue abierto el jueves 26 de noviembre y comenzó en Cochabamba.

El jueves 26 de noviembre, la Policía, a través de su Fiscalía, abrió causa contra los denunciados de haber instigado y conducido el motín policial de noviembre de 2019; el punto de partida es la denuncia presentada por el exministro Carlos Romero.

En declaración a La Razón, el director nacional de la Dirección General de Investigaciones Internas de la Policía (Digip), coronel Néstor Villca, señaló que la investigación fue abierta la semana pasada con base en la denuncia que presentó el exministro de Gobierno del expresidente Evo Morales.

"El caso está abierto. Se va a proceder con la investigación que corresponde; se va a citar a las partes", destacó el jefe policial.

La causa es una acción disciplinaria llevada adelante por un fiscal policial, informó Villca. Aclaró que, como en todo proceso judicial, se presume la inocencia del acusado y éste tiene todos los recursos legales a su alcance para defenderse de la acusación.

"Es una investigación que por las circunstancias, y también por el problema que se ha suscitado en esa oportunidad (en noviembre de 2019 principalmente), existen varios actores; por esto es un proceso que va a tomar un tiempo en la investigación. Ya se ha abierto el caso, y ya tiene conocimiento la Fiscalía Policial para realizar este trabajo", señaló Villca.

El director del Digip señaló que las investigaciones partieron de la denuncia de Romero. Se empezará en el departamento de Cochabamba, que es donde empezó el motín policial de fines de 2019.

A mediados de noviembre, el exministro Romero reveló que el motín policial que antecedió a la caída del expresidente Morales fue parte de un "golpe de Estado" en el que hubo por los menos 300 personas en Santa Cruz que lo financiaron; entre ellas, empresarios y gente vinculada a la Gobernación de Santa Cruz y a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. Además, dijo tener identificados a los jefes y policías que estuvieron detrás del motín en Cochabamba, que luego se irradió al resto de departamentos.

"Aproximadamente, unas 300 personas dieron dinero para el golpe o para sostener los 21 días (de paro cívico). Ahora, obviamente, algunos lo habían hecho de forma deliberada porque formaban parte de la conspiración, otros habrían sido chantajeados, extorsionados, había mucha gente que vivía bajo la sombra del pánico", denunció en el programa No mentirás.

Aunque no dio mayores detalles, señaló que entre esos financiadores estaba gente vinculada a las entidades estatales cruceñas.

"Hay planillas, montos, contactos, logística. Toda esa información existe documentadamente", aseguró, y dijo que las fuentes son varias, entre ellas del propio Comité pro Santa Cruz, donde se recibían los aportes.

De los involucrados en Cochabamba con el motín, mencionó a los mayores Edwin M., Marco Antonio A., Wilson F., a los capitanes Hernán V., Daniel C., José C., Oliver V., al teniente Mauricio O., al sargento V., y al policía Miguel A.

"Obviamente, hubo sobornos a jefes policiales y militares para que se incorporen al golpe", consideró y recordó lo que decía el entonces líder cívico, luego candidato presidencial, Luis Fernando Camacho, de que su padre cerraba tratos con policías y militares.

"Se movió mucho dinero, porque se pagaba vuelos chárter, alimentación de gente movilizada en las calles; bueno, no sé qué hicieron con la plata, fueron varios millones de dólares", aseguró y denunció que en el gobierno de Áñez hubo protección a casas de juego, al narcotráfico y extorsión a empresas que tenían contratos con el Estado.

Romero atribuyó el malestar policial con el gobierno de Morales a que se les quitó el servicio de identificación, la seguridad presidencial y de dignatarios de Estado, y el control de Pisiga en la lucha contra el contrabando.

El exministro aseguró que el motín policial se consolidó en noviembre poco antes de la renuncia de Morales, pero ya se lo trazaba desde octubre, cuando se permitió que sectores movilizados contra las elecciones quemen las oficinas de los tribunales electorales departamentales aduciendo que los movilizados habían rebasado a los efectivos policiales.