La agrupación Creemos, del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, llamó este sábado a cívicos, políticos de oposición y ciudadanía a defender a los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) que se hallan encarcelados, y así evitar que se cometa un atropello «contra su libertad y derechos» en vista del juicio que se les sigue por disturbios y violencia generada en Sucre en 2019-2020.
«Creemos insta al movimiento cívico nacional, a la oposición democrática y a todos los ciudadanos a respaldar a los jóvenes cochabambinos que defendieron la democracia durante los 21 días y que hoy son víctimas de la venganza y el atropello de una justicia politizada», posteó Camacho desde sus cuentas en redes sociales.
En el comunicado «En Defensa de la Resistencia Juvenil Cochala» se criticó la posición del Ministerio de Justicia con respecto al caso que se ventila en la justicia. Para Creemos, el Ministerio «más parece un bando autoritario donde se anuncia el ajusticiamiento adelantados de lo jóvenes cochabambinos que resistieron el fraude del MAS en 2019».
«El Ministerio de Gobierno de manera amañada recurre al informe del Relator de la ONU, Diego García Sayán, para anunciar que los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala serán juzgados como criminales y buscarán condenarlos a 20 años de cárcel. De esta manera el Ministerio de Gobierno usurpa las funciones que le competen al Ministerio Público, y como en la viejas dictaduras, anuncia actos procesalesy fija años de condena a los presos políticos», dice parte del documento.
Vía Twitter, el ministro de Justicia, Iván Lima, respondió: «Por lo visto @LuisFerCamachoV pidió a Walter Chávez leer el informe de Garcia-Sayán y redactar sus comunicados. "Bando" es una palabra del léxico de su 'asesor' y que él defienda a grupos irregulares denunciados incluso por la delegación diplomática de EEUU resulta coherente».
Creemos anunció el envío de una carta a García Sayán informando el uso que hace el Gobierno del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que evaluó los hechos ocurridos en Bolivia en 2019.
Los hermanos Mario y Antonio Bascopé, Yassir Molina y Milena Sotto, líderes del grupo RJC, tienen hasta el 6 de junio para presentar pruebas de descargo en el proceso que se les sigue por disturbios y violencia generada en Sucre en 2019-2020. Una vez vencida esta fase se abre el juicio oral, en el que el Gobierno, como parte demandante, pide 20 años de cárcel para los acusados.
A través de un comunicado, el Ministerio de Gobierno recordó que los cuatro acusados, "organizados entre noviembre de 2019 y 2020 operaron como grupo armado para atentar contra la seguridad interna del Estado y cometer delitos que van desde secuestro, tortura, vejámenes, privación de libertad, discriminación, atentados contra la salud, destrucción o deterioro de bienes del Estado y de la riqueza nacional en la ciudad de Sucre".