Juan Del Granado afirmó este jueves que las conclusiones y recomendaciones efectuadas por el relator especial de la ONU para la Independencia Judicial, Diego García-Sayán coinciden con la propuesta de reforma judicial de los juristas independientes.

Según el abogado, lo que ha hecho García Sayán es una radiografía respecto a la impunidad, corrupción, retardación de justicia, hacinamiento carcelario o la injerencia político partidaria que revelan los graves problemas de la justicia boliviana

"Una radiografía descarnada de la situación de tragedia que vive la justicia boliviana. Ese informe da cuenta de la falta de independencia judicial, de las injerencias partidarias y políticas, de la falta de presupuesto, la corrupción, la impunidad, del abuso de la detención preventiva y a partir de ello establece varias conclusiones y recomendaciones", dijo Del Granado en conferencia de prensa.

Entre otras recomendaciones, García-Sayán plantea que el gobierno nacional debería elaborar un plan de reforma estructural profunda, a partir de un debate nacional con la comunidad.

"Son recomendaciones y conclusiones de un informe valioso para orientar la opinión pública y ojalá el Gobierno las tomara en cuenta (…) El cambio de la justicia es un proceso de corto, mediano y largo plazo (…), es una tarea de largo aliento pero que tiene que ser empezada ya, con la reforma parcial de la Constitución para que tenga características estructurales", afirmó.

Del Granado recordó que la propuesta de los juristas independientes pretende lograr un Órgano Judicial con abogados independientes, idóneos y sin militancia político partidaria, un presupuesto suficiente inscrito en la Constitución (CPE) para el poder judicial, bien administrado y con un nuevo Consejo de la Magistratura y, en tercer lugar, una justicia indígena originaria para los pueblos y naciones originarias y la justicia de paz para la mayoría de la población boliviana.

Según Del Granado urge llevar adelante un debate nacional sobre la forma de selección y elección de los jueces supremos en la medida en que esa selección ha sido malograda en 2011 y 2017, con motivo de las elecciones judiciales.

"El Relator en su informe cita expresamente la propuesta de los juristas independientes respecto a la posibilidad como una de las opciones de llevar adelante una reforma parcial de la Constitución para quitarle a la Asamblea legislativa esta atribución de la selección de los postulantes que es lo que estamos planteando. Ese es el camino en nuestro criterio", dijo.

La propuesta de los juristas independientes contempla que ya no sea la Asamblea Legislativa la que tenga a su cargo la selección, sino que se cree en la CPE una Comisión Nacional de Postulaciones que elabore la convocatoria, las ternas y que, sobre esas ternas, recién pueda elegir la ALP, pero sujeto a un referéndum ciudadano.