Relator de la ONU insta a reformar la justicia en Bolivia y deja 20 recomendaciones al Estado
Sobre los hechos de violencia y violación a los derechos humanos ocurridos a finales del 2019, García Sayán afirma que "el Ministerio Público debe avanzar sin demora en las investigaciones de oficio, sin hacer recaer la iniciativa o carga probatoria en las víctimas, sus familiares o sus representantes". Asimismo, el Relator de la ONU exhorta al Estado a designar un Defensor del Pueblo titular.
Este miércoles, se reveló el informe preparado por el relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas, Diego García- Sayán, quien visitó Bolivia el pasado mes de febrero.
El texto, entre otros puntos, deja 20 recomendaciones al Estado boliviano, así como a la sociedad civil y también hace énfasis en la necesidad de que se alcance una reforma judicial en el país.
"El Relator Especial insta al Gobierno a elaborar un plan de reforma estructural y de fortalecimiento del órgano judicial, que incluya un diseño institucional para una gestión más eficiente. Es indispensable que la administración y gestión del sistema judicial se encuentre en instancias especializadas y que quienes son la parte sustantiva del sistema de justicia, los jueces, vocales y magistrados, se constriñan a administrar justicia y no se involucren en asuntos administrativos y de gestión", señala una de las recomendaciones del informe.
De la misma manera, remarca la necesidad de que el Estado recupere la confianza en la justicia y que el Estado dote de los recursos "apropiados" al Órgano Judicial.
"Dicha dotación podría establecerse por Ley, con un porcentaje mínimo del presupuesto nacional", señala García- Sayan.
Por otra parte, el Relator de la ONU también recomienda establecer una efectiva carrera judicial en el país, regularizar a todos los jueces transitorios antes de que acabe la presente gestión y aumentar el número de juzgados y fiscales especializados y destinados, exclusivamente, a la violencia contra la mujer.
Además, llama el Estado a combatir la corrupción en la justicia y poner fin a las "generalizaciones y abusos" de la detención preventiva.
Sobre los hechos de violencia y violación a los derechos humanos ocurridos a finales del 2019, García Sayán afirma que "el Ministerio Público debe avanzar sin demora en las investigaciones de oficio, sin hacer recaer la iniciativa o carga probatoria en las víctimas, sus familiares o sus representantes".
Además, recomienda al Ejecutivo elaborar y al Legislativo aprobar de forma expedita "proyectos encaminados a dictar la legislación que permita al Estado resarcir a las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidas las de Sacaba, Senkata, y Zona Sur producidas en 2019".
Asimismo, el Relator de la ONU exhorta al Estado a designar un Defensor del Pueblo titular, proceso que actualmente está estancado en la Asamblea Legislativa por falta de acuerdos entre el oficialismo y la oposición.
Por otro lado, el Relator de la ONU afirma que "los patrones de injerencia en el órgano judicial que el país arrastra de larga data aún no han sido erradicados" y pone como ejemplo el caso que involucra a la expresidenta Jeanine Áñez.
Sostiene que los proceso "golpe I" Y "golpe II", que involucran a la exautoridad, "han capturado la atención de la opinión pública en el país y en el extranjero" y asevera que "dicho caso pone de manifiesto problemas estructurales de la administración de justicia como la generalización de la detención preventiva. El Relator Especial fue enfático en que todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a todas las garantías procesales que establecen los instrumentos internacionales y la normatividad boliviana. Para toda persona privada de libertad, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar su integridad y salud", explica el escrito.
Finalmente, el informe incluye 12 conclusiones, una de las más importantes menciona que la elección de las altas autoridades judiciales mediante el voto popular "no ofrece las garantías suficientes para evitar injerencias políticas, no asegura el nombramiento de personas idóneas a los cargos ni ha generado legitimidad en los procesos, marcados por el ausentismo y el voto nulo o en blanco".
Al respecto, cree oportuno "impulsar un debate nacional sobre las reglas vigentes y deseables para la selección y designación de integrantes de las altas cortes y el Consejo de la Magistratura, para identificar la mejor manera de reformar este mecanismo".