El Ministerio Público imputó este domingo al presidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), Max Mendoza, por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones y conducta antieconómica, y solicitó su detención preventiva.

Según el documento de la imputación formal, la Fiscalía "solicita la detención preventiva de Max Fernando Mendoza Parra por el lapso de seis meses a ser cumplidos en el penal de San Pedro".

Además, se conoce que la audiencia de medidas cautelares, en la que se definirá la situación jurídica del aprehendido, fue fijada para las 17.30 de este mismo día.

El dirigente universitario de 52 años de edad fue aprehendido el sábado en Sacaba, Cochabamba, y posteriormente fue trasladado, vía terrestre, a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, donde pasó la noche.

Según informó el mismo sábado la Fiscalía General del Estado, mediante una nota de prensa, el dirigente fue aprehendido "por, presuntamente, haberse beneficiado de manera irregular con el nombramiento de secretario nacional a. i. del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) con el pago de haberes y beneficios sociales, sin cumplir con los requisitos mínimos para ocupar el cargo".

En pasadas horas, el fiscal departamental de La Paz, William Alave, confirmó que el Ministerio Público recibió seis denuncias contra Mendoza y que las mismas fueron unificadas en un solo proceso.

Pues el dirigente "se habría beneficiado de manera irregular con una resolución administrativa del CEUB, del 14 de diciembre de 2018, que le habría permitido percibir un sueldo de 21.870 bolivianos mensuales desde el 18 de mayo de 2018 al 18 de mayo del 2022, con el cargo de miembro del Presidium XIII del Congreso Nacional Universitario – CNU, cuando el Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana aplicable al CEUB no establece dentro de su estructura organizacional la existencia de un cargo remunerado como trabajador del Presídium del Congreso Nacional de las universidades", explicó Alave.

Asimismo, el Fiscal Departamental detalló que ese estatuto establece que para ser elegido miembro del Comité de la Universidad Boliviana se debe cumplir el requisito de por lo menos el grado académico de licenciatura.

No obstante, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía General, el denunciado carecería de ese requisito debido a que estaría registrado como estudiante universitario desde la gestión 1989.

"Por otra parte, se presume que el sindicado habría suscrito, en enero de 2022, un contrato con la Empresa Jireh Turismo respaldándose en la Resolución No. 4/2018; sin embargo, la misma no dispone que (Mendoza) sea el representante legal de CEUB, por ello no tenía la potestad para suscribir este tipo de contratos, más aún cuando en la mencionada resolución tenía una duración de 30 días", cita otro párrafo de la nota informativa del Ministerio Público.