El Movimiento Al Socialismo (MAS) busca consensos con la oposición para elegir antes del 16 de mayo a un nuevo Defensor o Defensora del Pueblo, es por eso que apela a algunos diputados y senadores disidentes. Pero en caso de no conseguir acuerdos, el oficialismo tiene un plan B.

El diputado oficialista, Juan José Jáuregui, lamentó que no se pueda acordar con bancadas de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, por lo que indicó que se apela a legisladores que "quieren cumplir el rol que asigna la Constitución Política del Estado (CPE)".

"No queremos llamarlos disidentes, pero queremos hablar de los diputados que están interesados en cumplir ese mandato que la Constitución a diputados y senadores, que es el de designar al Defensor del Pueblo", declaró el legislador a Urgente.bo.

13 votos de la oposición es lo que el partido azul necesita para que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), pueda designar a una nueva autoridad de la Defensoría del Pueblo, es decir, 2/3.

Consultado sobre si el MAS está negociando con los 13 legisladores opositores, Jauregui dijo: "Se está avanzando en reuniones, son reuniones que se están desarrollando por parte de nuestros jefes de bancada de cada departamento para poder alcanzar algunos puntos de consenso para instalar la sesión de la Asamblea".

Plan B

En caso de no alcanzar a ningún acuerdo con la oposición, el diputado del MAS dijo que se designará a un Defensor del Pueblo interino que no es precisamente Nadia Cruz, sino uno de los delegados defensoriales adjuntos.

"Si no llegamos a los consensos necesarios, entonces se aplicará el artículo 12 de la Ley 870 de Defensor del Pueblo, que señala en su parágrafo segundo, que dice que en caso de no haber consenso, se tiene nombrar interinamente, de los delegados defensoriales adjuntos, al Defensor del Pueblo interino", explicó el diputado.

El interinato de la autoridad puede durar de 24 horas a un mes, mientras el MAS, CC y Creemos lleguen a un acuerdo. El mandato de Cruz al frente de la Defensoría del Pueblo vence el 16 de mayo.

La alianza Creemos optó por no respaldar y tampoco brindar legitimidad al proceso de designación del Defensor y lo calificó de "contaminado".

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