Tras la suspensión de la audiencia y ante la espera de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) al recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa de Añez y otros acusados, el abogado constitucionalista Israel Quino, ve un riesgo en el juicio ordinario del caso Golpe de Estado II.

"Es muy crítico, es muy grave lo que ha ocurrido (…) Están dejando en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional el pronunciamiento, primero en la admisión y luego en el fallo de fondo", aseguró Quino.

La audiencia, que estaba convocada para los alegatos finales, esperaba ayer que el Tribunal de Sentencia Primero Anticorrupción de La Paz emitiera una sentencia.

"En la audiencia se ha observado la continuación del juicio por la interposición de esa acción inconstitucional concreta que esta siendo tramitada por el Tribunal", informó el fiscal Omar Mejillones a la prensa.


Israel Quino
De acuerdo con la autoridad judicial, se prevé que entre 10 a 15 días se pueda conocer la decisión del TCP debido a la carga procesal que existe.

El 28 de abril, la defensa de la exsenadora presentó un recurso de inconstitucionalidad sobre los delitos por los que se la juzga: resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y el de incumplimiento de deberes, ello para que pueda ser condenada en un juicio de responsabilidades y no por la vía ordinaria.

En ese sentido, Quino señaló que la acción de inconstitucionalidad no debió ser admitida por el Tribunal Anticorrupción.

"Si este Tribunal de Sentencia estaría plenamente seguro de juzgarla (a Añez) en la vía ordinaria, hubiera rechazado la solicitud de acción inconstitucionalidad y se hubiera regido en el propio Código Procesal Constitucional en el artículo 79 y los siguientes", indicó.

En su criterio, se hubiera considerado que no existen los elementos motivantes suficientes para activar una acción inconstitucional.

Según el criterio de Quino, esa solicitud concedida "pone en riesgo el proceso ordinario de juzgamiento" en contra de Añez por el caso Golpe de Estado II, porque en caso de que el TCP admita la acción de inconstitucionalidad concreta, tendría hasta 45 o 60 días para resolver la acción.

Advirtió que, por la carga procesal, esto podría ampliarse hasta un año, y al no tener una autoridad competente que conozca del caso podrían solicitar la libertad de la investigada.

En el proceso por el caso Golpe de Estado II, donde se investiga la sucesión constitucional de la expresidenta del Senado y la posterior presidencia, figuran exjefes militares y policías que colaboraron en la sucesión irregular; dos de ellos se declararon culpables.

Murillo propone intercambio de prisioneros por Añez

El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, mediante una misiva, propuso ser extraditado de EEUU a cambio de que la justicia boliviana otorgue arresto domiciliario a Jeanine Añez y que el excomandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, Maximiliano Dávila, sea entregado a ese país.

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Olvis Egüez, no descartó que se haga un análisis de la propuesta. "Acá lo que es el Tribunal Supremo de Justicia, en la sala plena, resolvemos lo que son las solicitudes de extradición que debe cumplir ciertos criterios dentro del tratado del Mercosur, con los países que forman parte, como es el caso de Bolivia y Chile, y posteriormente nos remitimos a lo que establece el Código de Procedimiento Penal, en sus artículos 152 en adelante. Y en ese marco hay algunos requerimientos", indicó Egüez en declaraciones a Radio Fides.

En esa línea, la abogada Norka Cuéllar, parte de la defensa de Áñez, indicó que el ofrecimiento del exministro era oportuna hace dos o tres meses atrás.

A su turno, el analista Franklin Gutiérrez, en el programa Primer Plano, consideró la solicitud como una torpeza jurídica y dijo que no se debería siquiera hablar de ese criterio ya que es algo irracional.