La Fiscalía de La Paz informó este miércoles que se imputó formalmente a Claudio Z.E.L., exsubcomandante de la Policía, por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de armas y tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales en grado de complicidad, en el caso de traslado "irregular" de ese material desde Ecuador, en 2019.

Se lo acusa de haber solicitado los agentes químicos que se requerían para la Policía por intermedio de sus direcciones dependientes, y que habría realizado el seguimiento del transporte para la correspondiente distribución a la Policía, apenas iniciado el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, señala una nota institucional del Ministerio Público.

"En este caso, la comisión de fiscales emitió la imputación formal en contra de esta exautoridad policial quien, en su calidad de subcomandante de la Policía, habría participado de la reunión en Palacio de Gobierno el 15 de noviembre de 2019, a horas 16.30, aproximadamente, junto con el excomandante de la Policía Rodolfo M. T. Además, habría realizado el seguimiento y supervisión de los dos funcionarios que viajaron al país del Ecuador y trasladaron los agentes químicos a Bolivia que, posteriormente, fueron distribuidos a las direcciones dependientes de la Policía Boliviana", indicó el fiscal departamental de La Paz, William Alave.

Mientras que el fiscal anticorrupción, Eddy Flores, remarcó que el imputado es acusado de haber convocado al jefe del Departamento Nacional de Armamento y Equipo, William F. H., para que asista al Palacio de Gobierno y se traslade al hangar de los Diablos Negros de El Alto. "El exjefe policial habría realizado la supervisión el 16 de noviembre de 2019, sobre la distribución equitativa con las Fuerzas Armadas de los agentes químicos, lo que establece su presunta participación en calidad de complicidad debido a que facilitó y cooperó en la ejecución del hecho".

El material estaba constituido por 5.000 unidades de granadas de mano GL-302, 1.000 unidades de proyectiles de largo alcance calibre 37mm, 560 unidades de proyectiles de corto alcance calibre 37mm, y 500 unidades de granadas de sonido y destello para exteriores.

"La comisión de fiscales que investiga el caso solicitará en la audiencia de medidas cautelares la detención preventiva del exjefe policial para asegurar su presencia mientras dure la investigación, además se continuarán realizando los actos investigativos necesarios que ayuden a esclarecer el hecho, como continuar citando a más testigos", añade la nota.