Sociedad. Aún se reportan dificultades para respetar derechos de comunidad.
A seis años de la promulgación de la Ley 870 de Identidad de Género, aún el cumplimiento pleno enfrenta dificultades en instituciones, pues de las 15 que deberían adaptarse al reconocimiento, el 38% aún no lo hizo.

"La información recolectada por la Defensoría del Pueblo estableció que solo el 57% de las entidades públicas y privadas señaladas en el parágrafo V del artículo 9 de la Ley 870 ha realizado la adecuación de su normativa interna y de su procedimiento interno con la finalidad de que se realice el cambio de los datos de la persona de oficio; que el 38% de las entidades consultadas mencionaron no haber realizado adecuación alguna, y que una entidad no brindó información al respecto", establece el informe de la Defensoría del Pueblo, Ausencia de Garantías Estatales para el Ejercicio del Derecho a la Identidad de Género en Bolivia, presentado en abril de 2022.

NÓMINA.
La ley incluye a las entidades Servicio General de Identificación Personal (Segip); Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi); Dirección General de Migración; Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); Derechos Reales; Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap); Sistema Nacional de Registro de Antecedentes Policiales; Dirección General de Régimen Penitenciario; Contraloría General de Estado; Ministerio de Educación; Ministerio de Defensa; Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir); Autoridad de Pensiones, Valores y Seguros (APS); Cajas de Salud Pública y otras que el Servicio de Registro Cívico (Serecí) o el solicitante consideren necesarias.
"Dentro de las ocho entidades que reportaron no haber modificado su normativa interna, cinco son instituciones del área de la salud (CNS, CBES, Caja Petrolera, SSU, Caja Cordes), por lo que en caso de recibir una resolución que corresponde a la Ley 807 de Identidad de Género, ante la ausencia de la normativa y procedimiento, ésta no será procesada de oficio", dicta el informe defensorial.

La comunidad de transexuales y transgénero reporta problemas, sobre todo cuando se trata de hacer trámites en el área educativa.

"Es el caso del Seduca (Dirección Departamental de Educación), del Ministerio de Educación, porque muchas de las trans han cursado su bachillerato en humanidades con la anterior identidad y requieren hacer el cambio de nombre y dato de sexo en sus documentos, en el Seduca les están pidiendo nuevas certificaciones, nuevas libretas, es decir, cosas que no tienen nada que ver con la ley", señaló la activista en derechos humanos Laura Álvarez.

Denunció que en instituciones como las educativas se solicita la resolución administrativa del Servicio de Registro Cívico (Serecí), acompañada incluso de una carta notariada, para el aval.

"Si bien Bolivia cuenta con una norma que establece el trámite para el cambio de nombre, dato de sexo e imagen de las personas transexuales y transgénero, ésta no garantiza la vigencia plena del derecho a la identidad de género y existe trato discriminatorio y diferenciado del Estado hacia ellas, pues enfrentan barreras, dificultades, demoras y restricciones en razón de su identidad de género, que no permiten el goce de derechos fundamentales en igualdad de condiciones que el resto de la población", informó la Defensoría del Pueblo. Además, aún hay falencias en la capacitación de su personal de las entidades a cargo.

De acuerdo con el informe de la Defensoría, el 38% de las instituciones reportó que sí capacitó a su personal, pero el mismo número aceptó que todavía no lo hizo, el restante 24% no informó.

"Si bien han existido algunas entidades que sí han modificado sus procedimientos, es importante analizar lo que ocurre con el Ministerio de Defensa; si bien se cuenta con una resolución ministerial emitida en el marco de la Ley 807 de Identidad de Género, la misma sería inaplicable", complementó la Defensoría del Pueblo.