Los líderes de las agrupaciones políticas Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, el exmandatario Jorge Quiroga, y el expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) Marco Pumari, entre otros, podrían ser procesados dentro del caso Golpe de Estado II, aseguró el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Renán Cabezas.

El asambleísta del MAS explicó que en el juicio penal contra Jeanine Añez, los testigos de la acusada y del Ministerio Público han dado luces sobre la participación de los mencionados en el plan para la presunta ruptura del orden constitucional y el supuesto golpe de Estado en noviembre de 2019.

"Los casos Golpe de Estado I y II tienen que seguir su curso, Jeanine Añez tiene que rendirle cuentas al Estado. Estoy seguro que van a aparecer mayores elementos para también enjuiciar a otras personalidades como Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga, Luis Fernando Camacho, Marco Pumari y el exrector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín. Tenemos que saber la verdad histórica de los hechos ¿Por qué tantos muertos? No puede volver a repetirse en la historia de Bolivia un hecho tan lamentable como el que hemos vivido en 2019", sostuvo.

Añez está enjuiciada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, por sus acciones en calidad de senadora previos a que se autoproclame presidenta del Senado y luego del Estado, en noviembre de 2019.

En su declaración como testigo de cargo, Susana Rivero, entonces primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, negó que tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia hubiera existido vacío de poder.

"Adriana Salvatierra y yo estábamos en La Paz, no hubo nunca un vacío de poder. Adriana Salvatierra anunció que iba a renunciar, pero ella y yo estábamos conduciendo el diálogo político para encarar una transición constitucional", declaró Rivero el martes ante la autoridad jurisdiccional.

En ese marco, Cabezas ratificó que Añez debe ser procesada por la vía ordinaria y no por un juicio de responsabilidades, como solicitó la misma exautoridad, en virtud de que su sucesión a la Presidencia fue inconstitucional.