No solo en una, sino en reiteradas oportunidades, el Gobierno negó que exista un uso político de la justicia, lectura que nace en distintos actores políticos y analistas de la "coincidencia" entre los procesos que se abren contra exautoridades en la gestión de la expresidenta Jeanine Añez (al menos 11), a la par de fallos favorables a actores vinculados con la anterior administración gubernamental del MAS (al menos 13).

"No hay en este momento ninguna voluntad de persecución política, respetamos la independencia (de la justicia), pero el brazo operativo contra la corrupción es determinante: cero tolerancia a la corrupción, venga de donde venga", afirmó el ministro de Justicia, Iván Lima.

En este contexto, aseguró que, por ejemplo, existen garantías de un debido proceso en la eventualidad de que la expresidenta Jeanine Añez sea requerida por la justicia, posibilidad latente desde que la mayoría de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobó un informe legislativo que recomienda el inicio de un juicio de responsabilidades en su contra por los casos de violencia en Sacaba y Senkata, a fines de 2019.

Añez, desde su domicilio en Beni, denunció la anterior semana que sufre un "acoso permanente por parte del MAS, a través de la Policía y otros sujetos no identificados" y reiteró que se defenderá de cualquier proceso que se inicie en su contra.

El coordinador político de Comunidad Ciudadana (CC), Mauricio Guiteras, opinó que el Gobierno comenzó una persecución contra los opositores. "Hemos visto que ha comenzado la cacería del MAS. Nosotros, como bancada de CC, no vamos a permitir que se lleven adelante más persecuciones políticas, que se persiga a quienes piensan diferente", dijo.

"No hay una persecución política, sino el cumplimiento del mandato constitucional, del mandato de las normas legales vigentes en el Estado Plurinacional en cuanto a aquellas exautoridades que no han cumplido conforme a sus competencias", replicó el diputado Juanito Angulo.