De súbito, en esta semana se volvió a hablar de la "reforma judicial", luego de que a fines de marzo el Gobierno prácticamente archivara la anunciada Cumbre de Justicia, porque ésta "no tendría sentido" sin la participación (y consenso, se entiende) de los dos partidos de oposición con presencia parlamentaria, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

Volvió a agenda la reforma judicial, pero esta vez como un inesperado factor de presión para dar curso a los juicios de privilegio o responsabilidades contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, luego de que ésta, por carta, pidiera directamente a Carlos Mesa (presidente de CC) y a Luis Fernando Camacho (jefe de Creemos) "otorgar viabilidad a los requerimientos acusatorios de juicio constitucional de responsabilidades contra mi persona".

Pero también volvió el debate sobre los cuatro juicios de responsabilidades contra la expresidenta que hoy radican en la Asamblea Legislativa Plurinacional; de alguna manera, está en cuestión su viabilidad, si se los aprobará o no; especialmente uno es importante, el de las masacres de Sacaba y Senkata. El debate que hoy día se tiene sobre si se debe llevar a juicio de privilegio a Áñez, no puede estar al margen de esa demanda de justicia y verdad.

Pero siguiendo con la reforma de justicia, en efecto, ésta es un factor de presión porque en la carta de respuesta que a las horas emitió el líder de CC, Carlos Mesa, aparte de informar que pondrá "a consideración de los asambleístas de CC el importante y urgente pedido", luego le dice que "para que un juicio en su contra sea creíble, la reforma de la Justicia debe hacerse ahora, no es posible esperar un minuto más".

REFORMA.

Y es que Mesa, en la misma carta, mantiene el principio partidario de CC de la Justicia: "Nuestra alianza considera que en la actual circunstancia el Órgano Judicial envilecido que está bajo control y dominio absoluto del Órgano Ejecutivo, no ofrece garantía alguna de un juicio apegado al estado de derecho, al debido proceso y a una administración imparcial de Justicia".

Y aunque el jefe de bancada en Diputados de CC, Carlos Alarcón, dio a entender que la condición de la reforma para viabilizar los juicios de responsabilidades no era tal, "claramente (la carta de Mesa) señala una respuesta positiva al pedido de la expresidenta", en los mismos días, el jefe de bancada de CC en el Senado, Guillermo Seoane, en entrevista con el programa por streaming La Razón Radio, directo afirmó: "Hemos delegado a las bancadas el inicio de una estrategia que permita dos cosas: ver las formalidades del juicio de responsabilidades (a Jeanine Áñez), hablando con la oposición y el oficialismo en el Parlamento, pero al mismo tiempo pedirle al Gobierno la necesidad urgente que dé, inmediatamente, la señal sobre la justicia (su reforma)"; "estamos pidiendo al Presidente, a su Gobierno y a su bancada parlamentaria un acuerdo nacional, que permita en esos márgenes, además, tratar el tema de la expresidenta Áñez"; "Comunidad Ciudadana ha respondido a la señora Áñez, diciéndole que la apoyamos, que si ella ha decidido que quiere un juicio de responsabilidades, nosotros vamos a iniciar los procedimientos para el apoyo a ese juicio, pero que al mismo tiempo es importante hacer una presión de todos para que el Gobierno dé una voluntad política de transformar la Justicia".

En el caso de Creemos, aparte de que su líder, Luis Fernando Camacho, no dio una respuesta directa a Áñez de sí o no, derivó la misma a una reunión con Carlos Mesa, adelantando, sin embargo, que dicha reunión debía ser para "generar las condiciones necesarias a la demanda" de la expresidenta. Aún antes de la carta de Mesa, Camacho en sus redes sociales ya había dicho: "Respondiendo a la demanda de la exmandataria, solicitaré una reunión con el líder de CC Carlos Mesa, para generar las condiciones necesarias a la demanda de la expresidenta, hoy privada de libertad".

Mal que bien, la posición opositora es coherente: no creemos en la Justicia, y si Áñez pide que se la enjuicie en el nivel de caso de Corte, pues de nuevo, de algún modo, hay que plantear la urgencia de la reforma de la justicia.

POSTERGACIÓN.

La novedad fue la respuesta del MAS. Primero, como razón técnica, registrada por este medio el jueves 21, cuando el diputado del MAS por Santa Cruz Jerjes Mercado afirmó una postergación de cualquier juicio de privilegio para Áñez; dijo que antes que los juicios de responsabilidades, primero deben resolverse los juicios penales en curso, específicamente el caso Golpe de Estado II, en el que se acusa a la exmandataria en su condición de exsenadora que se hizo de la Presidencia de manera ilegal y contra la Constitución, que por eso corre por la vía ordinaria. Por el "principio de prelación", dijo Mercado, primero el juicio "cuando ella no era mandataria", después "por supuesto, se puede dar curso a otro tipo de juicios, incluido el de responsabilidades".

A esto se sumó el jefe de bancada del MAS en Diputados, Gualberto Arispe, el viernes 22, pero con un matiz: No se viabilizará el juicio de responsabilidades porque el mandato de Áñez no fue constitucional. Alude a la Sentencia Constitucional 0052/2021, que establece que en 2019 no hubo "vacío de poder" ni "sucesión constitucional", por lo que el mandato fue de facto. "Nosotros sustentamos nuestra posición en este fallo constitucional (…), el MAS no está dispuesto a dar viabilidad para este caso que están pidiendo", señaló Arispe a la prensa.

Es cierto, la reacción del MAS fue al "triunfo" que obtuvo Áñez cuando la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz determinó que el denominado caso EBA (de designación por Áñez de una gerenta de la Empresa Boliviana de Alimentos) sea ventilado como caso de Corte, como juicio de responsabilidades, y no en la Justicia Ordinaria, como pretenden el MAS y el Gobierno.

El problema para el MAS es que si aplica el razonamiento de que para Áñez no corresponde un juicio de responsabilidades, porque ella no fue Presidenta constitucional, tendrá que dar marcha en las cuatro proposiciones acusatorias que ya están en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, la que, en teoría, debe emitir un informe final de la viabilidad de dichas proposiciones al pleno de la Asamblea, para que éste, por dos tercios de voto de los miembros presentes, apruebe o rechace el inicio de los juicios de privilegio o responsabilidades.

Cuatro proposiciones, a saber:

– Uno, contratación y recepción de un crédito de 347 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) sin autorización de la Asamblea Legislativa. Requerimiento acusatorio 03/2021 emitido contra Jeanine Áñez, el exministro de Economía José Luis Parada y el expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB) Guillermo Aponte. Las tres exautoridades son acusadas de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

– Dos, conocido como el de la libertad de expresión, juicio propuesto por el Decreto 4200 de lucha contra la pandemia, que sancionó penalmente, como "delito contra la salud pública", la difusión de informaciones que pudiesen causar malestar o incertidumbre en la población. Requerimiento acusatorio 02/2021. Áñez es acusada por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, delitos contra la libertad de prensa y atentados contra la libertad de trabajo.

– Tres, por la ampliación directa, por decreto, y no mediante una licitación, de la concesión a Fundempresa, consorcio privado, del manejo del registro público de empresas. El requerimiento acusatorio 01/2021 del TSJ cita a la expresidenta Áñez y a los exministros de Desarrollo Productivo José Abel Martínez y Adhemar Guzmán, acusados por los delitos de uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes y conducta antieconómica.

– Cuatro, por las muertes de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019.

JUSTICIA.

Pero, he aquí el reclamo: ¿no se está poniendo en cuestión la demanda de justicia y verdad al cerrar la posibilidad de un juicio de responsabilidades sobre todo por las muertes de la crisis de 2019?

El abogado constitucionalista y periodista Israel Quino, en el programa de transmisión digital Piedra, papel y tinta de LA RAZÓN del jueves 21, reclamó que "lo que se debe evitar es la politización de los juicios de responsabilidades".

Tras recordar que a la fecha en el Legislativo están pendientes de tratamiento 21 juicios de responsabilidades, cabe preguntarse ¿cuándo finalmente "los miembros del Legislativo van a cumplir su atribución y obligación constitucional de autorizar (esos) juicios de responsabilidades?".

Sin ninguna duda, de las cuatro proposiciones acusatorias ingresadas en la Asamblea Legislativa, la más importante es la de las masacres de Sacaba y Senkata. Junto con las muertes en otros lugares, al final se trata del deceso de 38 personas.

Cuando hace ocho meses, en agosto de 2021, dice Quino, la mayoría oficialista demandaba aprobar en la Asamblea los cuatro juicios de responsabilidades contra Áñez y otros, y la oposición rechazaba, ahora el MAS plantea postergarlos y hasta archivarlos, pese a que la propia Áñez está allanando el camino. "¿Qué les inhibe? —se pregunta Quino— El fallo de la Sala Penal Cuarta, cuando dice 'no la vamos a juzgar en la vía ordinaria por el caso EBA, sino vamos al juicio de responsabilidades', les genera una alerta, y dicen 'cuidado que iniciemos el juicio de responsabilidades y con ello se caiga la tesis del golpe'. No puede un interés político sobreponerse a esta demanda de verdad y justicia de 38 familias que han perdido a su ser querido".

TRANSICIÓN.

El problema es que las tesis del golpe o no, no tendría que cruzarse con la demanda de verdad y justicia, insiste el jurista: "Eso es lo que se debe evitar, no se puede decir: 'es que si vamos al juicio (de responsabilidades) estamos legitimando que fue una presidenta constitucional'. Eso es lo de menos, el Tribunal Constitucional el 15 de enero de 2020 ya declaró legítimas las funciones del régimen de transición; creo que ese debate no debería ni siquiera abordarse".

Ahora, para decirlo directamente, ni siquiera son los legisladores los que llevan adelante el juicio; ellos solo lo autorizan, pues, según la Ley 044 Para el juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de Altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público, del 8 de octubre de 2010, el "Tribunal colegiado en pleno" que juzga es el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y quien acusa y sostiene la acusación es el Fiscal General del Estado.

Como describe el abogado constitucionalista Quino: "Lo que es importante es la decisión política del sistema de partidos, la aprobación del juicio de responsabilidades y que la juzgue un Tribunal, otro órgano de poder, el Tribunal Supremo de Justicia; dos de sus magistrados, los miembros de la Sala Penal, van a ser el Tribunal de Garantías, y los demás siete, en tanto y cuanto se constituya el tribunal, la van a juzgar; y que sea un órgano independiente. Si en ese momento la señora Áñez demuestra su inocencia, que el tribunal la juzgue; pero si hay elementos suficientes, 38 vidas, delitos de lesa humanidad que la involucren, entonces tendrá también que generarse la sanción correspondiente. No por haber reconstruido el poder político hay que olvidarnos de las masacres de Sacaba y Senkata".

También en la semana pasada, el martes 19, el ministro de Justicia, Iván Lima, aclaró que el fallo de la Sala Penal Cuarta, que determina que el caso EBA sea tratado como un juicio de responsabilidades, no afecta a los juicios penales ordinarios por los casos Golpe de Estado I y II.

"Esta situación no es definitiva, no afecta al caso Golpe de Estado I y II, y tampoco afecta a los procesos por las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en el país", explicó la autoridad.

Por eso, dice que "no se está diciendo la verdad" cuando se afirma que la decisión sobre EBA, "obliga a que todos los procesos contra la señora Áñez pasen a juicio de responsabilidades, esto no es verdad, este es un caso concreto", ratificó Lima.

La Conclusión 2 del Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), señala: "Es esencial que quienes resultaron víctimas obtengan justicia, reparación por los daños que les fueron provocados y atención inmediata para sanar heridas. Es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que la situación de cada una de ellas demanda de todos y todas el reconocimiento de su calidad de víctimas"; y el Estado boliviano se comprometió a la obtención de esa justicia.