El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, está un paso más cerca de la extradición a Estados Unidos que lleva diez años intentando evitar, ya que la justicia británica emitió el miércoles la orden formal de entregarlo a Washington.

Rechazando en marzo «el permiso para apelar» solicitado por los abogados del australiano, coordinados a nivel internacional por el exjuez español Baltasar Garzón, la Corte Suprema británica dictó que el caso fuese trasladado a la ministra del Interior, Priti Patel, que tiene la última palabra en toda extradición.

Eso fue precisamente lo que hizo el miércoles el juez Paul Goldspring durante una vista de apenas siete minutos en el tribunal de Magistrados de Westminster.

La defensa de Assange tendrá ahora hasta el 18 de mayo para presentar alegaciones a Patel, con la esperanza de que esta autorice un último recurso. O podrían intentar una nueva apelación sobre otros aspectos jurídicos del caso.

Vestido con chaqueta y corbata, el australiano apareció por vídeoconferencia desde la cárcel londinense de Belmash.

Allí está recluido desde su espectacular detención en abril de 2019 por la policía británica en la embajada de Ecuador en Londres, después de que el entonces presidente Lenín Moreno le retirase la protección que le había concedido su predecesor Rafael Correa.

Violando las condiciones de su libertad condicional en el Reino Unido, el fundador de WikiLeaks se refugió en la legación ecuatoriana en 2012 para evitar ser extraditado a Suecia por cargos de violación que después fueron abandonados.

Negando dichos cargos, ya entonces afirmó temer que todo fuese una estrategia para entregarlo a Estados Unidos.

¿Periodista o pirata informático?

Varias decenas de simpatizantes se manifestaron a las puertas del tribunal con pancartas que pedían «No extraditar a Assange».

«Sin personas como Julian, nunca sabremos la verdad y nuestros gobiernos pueden pisotearnos mintiéndonos», dijo a la AFP uno de ellos, Val, jubilada de 73 años que no quiso dar su apellido.

La justicia estadounidense quiere juzgarlo por difundir a partir de 2010 más de 700.000 documentos secretos sobre las actividades diplomáticas y militares estadounidenses, en particular en Irak y Afganistán.

Entre esos documentos figuraba un video que mostraba a civiles, incluidos dos periodistas de la agencia Reuters, muertos por disparos de un helicóptero de combate estadounidense en Irak en julio de 2007.

Acusado de espionaje, de ser declarado culpable Assange puede ser condenado a 175 años de cárcel, en un caso que las organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian como un peligroso ataque a la libertad de prensa.

El gobierno estadounidense afirma, por su parte, que el australiano no es periodista sino pirata informático y que puso en peligro la vida de numerosos informantes al publicar documentos sin editar.

Larga saga judicial

En el centro de una larga saga judicial, Assange fue condenado a un año de cárcel en Londres por violación de su libertad condicional en 2012 antes de emprender la batalla contra su extradición a Estados Unidos.

En enero de 2021, la justicia británica decidió a su favor: juez Vanessa Baraitser rechazó la extradición por considerar que el australiano, de frágil salud física y psicológica, corría el riesgo de suicidarse en el sistema penitenciario estadounidense.

Pero en diciembre, Washington logró que la Alta Corte de Londres anulara esa decisión, asegurando que no sería encarcelado en la prisión de alta seguridad ADX de Florence, en Colorado, donde están detenidos miembros de la organización yihadista Al Qaida.

Y garantizaron que recibiría la atención clínica y psicológica necesaria, mencionando la posibilidad de permitir que cumpliera su condena en su Australia natal.

Para sus defensores, encabezados por Stella Moris, la abogada sudafricana con la que tuvo dos hijos en secreto durante sus años en la embajada ecuatoriana y con la que se casó en Belmash el mes pasado, estas garantías no son creíbles.

Subrayando que «el destino de Julian está ahora en manos de la ministra del Interior», Moris insistió en marzo en que «este es un caso político y ella puede ponerle fin».

«Hace falta valor político, pero esto es lo que se necesita para preservar una sociedad abierta que proteja a los editores de la persecución extranjera», afirmó.