La petición de informe oral al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, generó quiebres y un cruce de acusaciones entre las bancadas de oposición de Creemos – liderada por la autoridad departamental- y Comunidad Ciudadana (CC).
Camacho está conminado a presentar un informe oral sobre la emisión del cuestionado Decreto 373. En ese sentido, Creemos responsabilizó directamente a la diputada de CC, Luisa Nayar, presidenta de la Comisión de Organización Territorial, de ser quien ejerce "presión" para promover el proceso contra el Gobernador cruceño.
"El rol que desempeña esta comisión de la ALP es contrario al propio espíritu de nuestro Estatuto Autonómico. Y además se trata de un caso artificioso, toda vez que pretende fiscalizar en torno a un hecho que jurídicamente nunca existió, pues el decreto 373 nunca nació a la vida jurídica", señala el comunicado de Creemos.
Esa bancada, incluso, señala que Nayar favorece el "juego masista" y hasta se le acusa de buscar atentar contra la autonomía cruceña.
"Creemos respalda la posición del gobernador de Santa Cruz de respetar todas las instancias institucionales democráticas. Pero también rechazamos el intento de quienes están jugando el juego masista de presionar y perseguir a los líderes de oposición democrática de nuestro departamento, como es el caso de la diputada de CC Luisa Nayar", añade el escrito.
La respuesta de CC no se dejó esperar. También a través de un comunicado, Comunidad Ciudadana señaló que Nayar se apegó a la norma para aprobar la petición de informe oral contra Camacho.
"La determinación de que el gobernador se presente a la comisión no corresponde a la voluntad de la diputada Luisa Nayar, como engañosamente lo quiere hacer ver Creemos, sino a una atribución de una Comisión Legislativa Nacional, que no actúa por voluntad de su presidenta ni por el capricho de Creemos", subrayó CC.
La alianza de Comunidad Ciudadana, asimismo, señaló que Creemos tiene un desconocimiento de las normas y busca alterar el reglamento del Legislativo.
"La diputada Luisa Nayar, en su condición de presidenta de la comisión, procedió como le manda la ley y el reglamento en este caso, como lo hace en cualquier otro, porque es un principio suyo y de CC, más allá de otra consideración. Bien harían los firmantes del comunicado de Creemos en imitar esta conducta y no pretender que se vulneren las normas, solamente porque vulneran sus intereses", señaló.
Asimismo, rechazaron la acusación respecto a que Nayar estaría apoyando el 'juego masista' al investigar a Camacho.
"Respecto a la acusación de una presunta funcionalidad a los intereses del MAS, tal afirmación no solo es malintencionada, sino que busca generar argumentos falaces y superficiales para justificar su intención de vulnerar la ley", agregó CC.
El pasado mes de marzo, Camacho viajó a Brasil y, mientras estaba en el exterior, se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto Departamental 373 que establecía que en su ausencia el cargo lo iba a asumir un secretario departamental, designado por él mismo, y no el vicegobernador, como establece el Estatuto Autonómico de Santa Cruz.
Luego de las críticas, el decreto fue retirado y desde el Gobierno departamental aseguraron que se trataba de un "error administrativo". Empero, cinco diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) presentaron una petición de informe al gobernador, al considerar que dicho decreto vulneraba el estatuto autonómico.
Además, por este caso también se instauró un proceso penal en contra del Gobernador de Santa Cruz.