El gobierno chileno levantó este viernes el estado de excepción que impuso el 16 de febrero para controlar la migración irregular en cuatro provincias del norte del país, peromantendrá el despliegue militar en la zona.

El estado de excepción, extendido en dos ocasiones, permitió desplegar militares y más policías en la frontera norte con Bolivia y Perú por donde miles de migrantes, principalmente venezolanos, cruzan a pie por inhóspitos plazos clandestinos hacia las provincias chilenas de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa.

«El gobierno va a mantener vigente el decreto 265 que permite mantener a todo el personal policial, pero también a todo el personal de las Fuerzas Armadas y a todo el equipamiento de apoyo para el control de las fronteras», indicó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

El fin del estado de excepción coincide con el anunció de la apertura desde el 1 de mayo de las fronteras con Argentina, Bolivia y Perú, las cuales se mantenían cerradas debido a las restricciones por la pandemia de covid-19.

Muchos migrantes que ingresan irregularmente a Chile se instalan a vivir en precarios campamentos en playas y plazas del norte del país, lo que ha provocado la molestia en parte de la población local. En Iquique y otras ciudades se han registrado protestas en rechazo de la masiva presencia de extranjeros.

Una nueva ley de migración permite a las autoridades chilenas «reconducir» a la frontera a todos los migrantes que hayan ingresado de forma irregular al país.