Pese a la concienciación y la vigencia de una norma nacional, el racismo y la discriminación continúan como preocupación en el país, que suma un promedio de entre 15 y 20 denuncias por mes en la actual gestión.

Este año, la mayoría de los casos involucran al sector educativo, mientras que en 2021 la Policía fue la entidad más denunciada.

"Recibimos entre 15 y 20 denuncias mensualmente, estamos teniendo un repunte este año, en promedio (…) Muchos de los casos de este año se están produciendo en el ámbito de la educación, ya sea entre colegas profesores, padres de familia con estudiantes y docentes, son diferentes situaciones", informó el director de Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación, Ivar Villarroel, en contacto con La Razón.

Para la autoridad la cantidad de denuncias es un síntoma de que la población tiene más conciencia de la vulneración de los derechos y de la vigencia de plataformas para reportar los hechos.

"Gracias a la difusión nacional que hicimos en talleres y eventos con la sociedad civil es que ahora tenemos mayor incidencia, con el retorno de las clases y otro tipo de situaciones que nos están llevando a la normalidad", explicó.

No obstante, el objetivo es la eliminación de toda forma de racismo y discriminación en el país.

Se prevé que este año habrá más denuncias. De acuerdo con la dirección, dependiente del Viceministerio de Descolonización, en 2021 se recibió un total de 98 (más datos en la infografía), y en la actual, según el promedio manejado por Villarroel, hay entre 45 y 60 casos en solo tres meses.

La Defensoría del Pueblo ha registrado igual una cantidad importante. "Entre 2019 y febrero de 2022 hemos llegado a registrar 206 casos, sin contabilizar los con número indeterminado de casos durante noviembre de 2019", puntualizó a La Razón la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

Los mayores infractores

En 2021, los casos apuntaron a la Policía como la más infractora, seguida por ministerios y los sectores de educación y de salud, según el Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de Discriminación.

Para la Defensoría del Pueblo la gestión pasada estuvo marcada por cifras altas. "De los 206 casos de discriminación que se hubiesen generado, uno de los números más altos fue en 2021, con 71 casos, sobre las distintas razones de discriminación, basadas en color, edad, estado civil, discapacidad o un tema de apariencia", dijo Cruz.

La opinión política fue otra de las causas detrás de los registros de la institución defensorial.

"También hemos recibido denuncias de discriminación relacionadas al origen social, a la posición económica y, por supuesto, también la población con diversidad sexual, que también han denunciado hechos de discriminación por su apariencia, por su identidad sexual u orientación sexual", complementó la Defensora.

Una vez recibida la denuncia, ésta puede transitar por un proceso administrativo en el cual se emiten sanciones disciplinarias, o por la vía ordinaria, para la cual la Ley 045 establece una pena de privación de libertad de tres a seis años en caso de racismo, y de uno a cinco años en discriminación, con agravantes en caso de tratarse de servidores públicos, o privados que dan servicios públicos.

El reglamento de la norma, establecido mediante Decreto Supremo 762, del 5 de enero de 2011, indica que la denuncia debe remitirse al Ministerio Público para su investigación por la vía ordinaria, "(…) Cuando como resultado del proceso interno o administrativo, se determine que existen indicios de responsabilidad penal por tratarse presuntamente de un acto de racismo o discriminación que se adecúe a cualquiera de las conductas descritas en el Código Penal", según el artículo 22.

De acuerdo con las cifras de la Memoria 2021, del Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de Discriminación, el 95% de los casos recibidos fueron atendidos por vía administrativa, mientras que el resto pasó a la ordinaria.

"Estos procesos son de diferente naturaleza, por ejemplo, existen 27 denuncias en la vía administrativa para servidores públicos policiales que cometieron actos de racismo y discriminación, entre otras faltas", señaló Villarroel.

El comité no cuenta con registros de 2020, debido a que el gobierno transitorio suprimió el Ministerio de Culturas, del cual depende el Viceministerio de Descolonización, además del comité.

Sobre los casos de esa gestión, algunos fueron abordados en 2021. "Al tratarse de delitos y de hechos flagrantes de discriminación, la norma permite que se pueda posteriormente hacer las actuaciones correspondientes, es en ese sentido que se han identificado. Sin embargo, hay muchas vulneraciones de derechos que se han cometido", añadió el director.

Comité y Defensoría

La Defensoría actúa directamente en caso de servidores públicos y coadyuva con orientación, contra privados.

En tanto, el comité se encarga de ambos aspectos, aunque los plazos son diferentes. "En el caso de una vía administrativa se trata de cuando un servidor público comete un acto de discriminación y racismo contra una población específica, en el ejercicio de sus funciones. Cualquiera sea la institución, (en este ámbito se aplica) el régimen disciplinario administrativo, que es sumario; significa que los plazos son rápidos, en no más de tres meses deberíamos tener desde la denuncia, todo el proceso de investigación y hasta una respectiva resolución que someta a una sanción, que puede ser desde una llamada de atención escrita, verbal, descuentos hasta despidos (…)", explicó el director.

En cambio en la vía ordinaria es más largo el camino, pues depende de los plazos procesales de la Justicia. "En el ámbito de la jurisdicción penal los procedimientos son más largos (…) en este caso los plazos dependen del órgano jurisdiccional", aseveró.