El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió una sentencia constitucional que sienta un precedente para evitar la liberación de condenados por feminicidio y exhortó a ocho instituciones del Estado a aplicar principios que celeridad para evitar la revictimización en los casos de feminicidio.

La sentencia constitucional de avocación 0001/2022 llamó la atención a un juzgado por beneficiar con detención domiciliaria a un feminicida confeso y rechazó la resolución que otorgó esa medida sustitutiva a la privación de libertad a Rubén Omar Centellas, autor confeso del delito de secuestro y asesinato que se declaró enfermo con diabetes tipo 2 y celulitis facial.

El exjuez Rafael Alcón, encarcelado por la libertad de sentenciados, fue el que facilitó la libertad de Omar Centellas. La familia de la víctima logró revocar la decisión de Alcón y Centellas interpuso una Acción de Libertad en contra del juez César Wenceslao Portocarrero, quien revocó la decisión de Alcón.

Un tribunal de garantías concedió la tutela por la Acción de Libertad al feminicida y el caso pasó a revisión del TCP, instancia que rechazó la tutela y exhortó a ocho instituciones a tratar con la debida diligencia los casos de feminicidio.

Las exhortaciones del control constitucional están dirigidas a la Asamblea Legislativa Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, Ministerio Público, Policía Boliviana, Directorio de la Escuela de Jueces del Estado, Colegios Médicos Departamentales y al Sistema Universitario Boliviano.

A la Asamblea Legislativa Plurinacional le plantea actualizar y adecuar las normas de ejecución penal para "la supresión de prácticas jurídicas o consuetudinarias que reproduzcan o toleren la violencia contra la mujer y la revictimización, simplificando el acceso efectivo de las víctimas a los procedimientos y las medidas de protección dispuestas en ejecución penal, entre otros".

Mientras que el Tribunal Supremo de Justicia le sugiere "asumir acciones concretas para evitar la revictimización o la comisión de nuevos hechos de violencia en resguardo de la seguridad de las víctimas y de sus familias, considerando los riesgos que implica la decisión de disponer un beneficio en favor del condenado en ejecución penal para disponer las medidas de protección que sean necesarias".

A la Fiscalía le exige "adecuar sus reglamentos y normativas internas para eliminar y prevenir las acción u omisiones que favorezcan la revictimización de las víctimas de violencia", en tanto que a la Policía "adecuar sus reglamentos y normativas internas para prevenir y sancionar de manera inmediata y eficaz aquellas acciones u omisiones que favorezcan la revictimización".