El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, manifestó hoy que la Cumbre de Justicia contemplada dentro del Plan de Desarrollo Económico Social 2021 – 2025, debe ejecutarse con la participación de todos los sectores, desde políticos hasta sociales, para contar con la legitimidad necesaria.

"El evento está previsto en el plan nacional de desarrollo, es una ley la que lo prevé, es una actividad concreta de la transformación de la justicia que propuso el 3 de enero el presidente Luis Arce. Una cumbre tiene que ser un encuentro entre bolivianos, si alguien queda excluido no será una cumbre exitosa", manifestó el Ministro, entrevistado por la Agencia de Noticias Fides (ANF).

El titular de Justicia recordó que los movimientos sociales y otros sectores han confirmado su participación; sin embargo, también se debe garantizar la asistencia de todos los frentes políticos con representación parlamentaria, para encarar el debate nacional que establecerá los cambios estructurales que se deben realizar en la ruta de la reforma judicial.

"Hacer un encuentro nacional con todas las organizaciones sociales, juristas independientes, academia y todas estas entidades que tienen que ver con la justicia. Sería una actividad parcial si no están todas las fuerzas políticas", subrayó.

Destacó el reciente consenso desarrollado en el marco de la convocatoria a elección de Defensor o Defensora del Pueblo y manifestó que de esa forma se debe trabajar a partir de un proceso de diálogo con todos los sectores.

"Lo fundamental en una reforma judicial es la transformación entre todos, esa es la condición que puso el presidente (Luis) Arce en enero; tiene que ser seria, tiene que haber documentos, cifras, datos, estadística, que nos lleven a la presentación del documento y principalmente tenemos que estar convencidos los bolivianos que esta transformación es responsabilidad de todos", remarcó.

El Ministro manifestó en reiteradas oportunidades que la transformación de la justicia se desarrolla a partir de acciones planificadas a corto, mediano y largo plazo debido a que existen temas que requieren atención inmediata.

La reforma judicial a corto plazo está sustentada por un paquete de construcción y modificación de leyes, entre ellas, la modificación de la Ley 548 Código Niña, Niño y Adolescente que destrabó la mora procesal en juzgados de materia Familiar para beneficiar a niñas, niños y adolescentes institucionalizados y la modificación de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz, que ahora permite desarrollar procesos penales contra jueces y fiscales que incurren en prevaricato.

Se aplicaron mecanismos de seguimiento a la selección de jueces, vocales y fiscales, con criterios de transparencia y meritocracia.

Además se creó la plataforma digital para recibir denuncias de actos de corrupción con protección de la identidad del denunciante, y la plataforma digital para hacer seguimiento a las rendiciones públicas de cuentas en el marco del control social.

La reforma a mediano plazo, trabaja en torno a los seis ejes de la reforma: Balanceo del conflicto; Acceso a la justicia; Independencia judicial; Tecnologías de la Información y Comunicación; Desarrollo normativo; y Transparencia institucional.

En ese sentido se instalaron mesas de seguimiento a la administración de casos en materia penal, específicamente en violencia hacia la mujer y casos relacionados a materia laboral.

Por otro lado, se firmó convenios interinstitucionales para la reingeniería operativa a través de la interoperabilidad y el inicio del nuevo modelo de gestión judicial.

Las acciones estructurales a ser aplicadas a largo plazo serán definidas en la Cumbre de Justicia, evento de relevancia en el que se definirá la ruta de la reforma judicial, con base en los seis ejes propuestos y socializados, las recomendaciones encomendadas al país por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), las del Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán y otras iniciativas de la sociedad civil.