Aprehenden al primer militar por las muertes de Sacaba
La Fiscalía tiene casos abiertos en La Paz y Cochabamba. En redes sociales circula una lista de un centenar de jefes militares que supuestamente participaron en los hechos de octubre y noviembre de 2019

El coronel Alfredo Cuéllar, quien se desempeñaba como comandante de la guarnición militar de Cochabamba durante los hechos de octubre y noviembre de 2019, fue aprehendido formalmente este martes por la Fiscalía de esa región, por todo lo sucedido en el puente Huayllani, según confirmó su abogado, Edwin Paredes.

"Él solamente ha cumplido funciones administrativas, nunca ha tomado decisiones de operación. Necesariamente vamos a demostrarlo en el transcurso del proceso. Han determinado su aprehensión preventiva, vamos a prepararnos para la audiencia", dijo Paredes al matutino Los Tiempos.

En noviembre del pasado año, se produjo una balacera en el puente Huayllani, en la localidad de Sacaba, Cochabamba, donde fallecieron 12 personas. El Ministerio Público realizaba una investigación sobre estos hechos y convocó al jefe militar a una declaración, luego de la cual quedó aprehendido en espera de su audiencia de medidas cautelares.

Según el abogado defensor, su cliente solo presentó un plan estratégico de trabajo general aplicado en noviembre del pasado año, "en cumplimiento a un decreto supremo y obviamente a una orden del Comando en Jefe (de las Fuerzas Armadas). Ese plan básicamente dice que no se debe utilizar armamento letal".




Cuéllar es el primer militar aprehendido por esos hechos y será investigado. Una lista de un centenar de militares circula en las redes sociales como participantes en los actos de octubre y noviembre de 2019.




Ayer, el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, aseguró que en Sacaba, Cochabamba; y Senkata, La Paz, hubo una masacre contra todos los que se atrevían a responder al gobierno de Jeanine Áñez, al que consideran "régimen de facto".



En La Paz hay un caso abierto por lo sucedido en Senkata, pero hasta el momento no avanzó y la Defensoría del Pueblo responsabilizó al Ministerio Público por la lentitud en las investigaciones. También dijo que la Policía y las FFAA obstaculizaron las pesquisas bajo el argumento de que se trató de un caso de seguridad del Estado.