El caso Golpe de Estado I, por el que Jeanine Áñez y otros son acusados por terrorismo, sedición y conspiración, está foliado como "Luis Fernando Camacho y otros". Apunta a quien fuera presidente del Comité pro Santa Cruz y líder de las movilizaciones cívicas y políticas que sellaron la caída de Evo Morales en 2019.

Fue el ahora gobernador de Santa Cruz quien jugó todo el protagonismo en la crisis poselectoral de ese año, nada más después de que Carlos Mesa, el candidato perdedor de los comicios de entonces, llamara a hacer vigilias en los tribunales electorales debido al parón del conteo rápido, cuya primera consecuencia fueron cinco de ellos incendiados.

Camacho, devenido entonces de una trayectoria desconocida, rápidamente logró espacio en la política nacional, incluso por encima de viejos políticos. Desde el martes 2 de noviembre de 2019 no paró más.

Fue llamativo que en pleno fragor de la crisis de noviembre de 2019 Mesa lo buscara sin éxito, cuando Camacho pudo ingresar a La Paz el 6 de noviembre luego de dos intentos previos fallidos. Allí también se encontraba esperándolo el expresidente Jorge Quiroga.

En los cabildos y declaraciones de noviembre invocó a las Fuerzas Armadas, prometió la atención de un pliego petitorio de la Policía Boliviana durante el "próximo gobierno", anunció el "punto final" de Morales, propuso una sui generis sucesión a cargo de la entonces decana del Tribunal Supremo de Justicia, María Cristina Díaz, y, el 10 de noviembre, planteó, también de forma rara, "una junta de gobierno transitorio conformada por notables de toda la población". Ese día terminó su andanada sediciosa con la irrupción en el hall del Palacio de Gobierno para plantar allí, acompañado de Marco Pumari y el abogado Eduardo León, una Biblia (que fue símbolo de sus acciones), la bandera tricolor y una carta de renuncia que quiso que la firme Morales.

Así se entiende su vinculación con el caso que denuncia la exdiputada del MAS Lidia Patty. Todas esas "iniciativas" de Camacho rayaban en actuaciones sediciosas, sin que nadie pueda cuestionarlo o reprocharlo al calor de la crisis.

Hay más. En una serie de videos publicados por LA RAZÓN, no se inmutó en contar que su padre, ahora investigado en el mismo caso, "cerró" acuerdos con los militares para su aventura. No solo eso, confesó que acordó "tumbar" al presidente de entonces con ayuda de un dirigente minero, quien —según contó— "ya tenía 6.000 mineros llenos de dinamita para entrar y sacar a Evo Morales" del gobierno.

¿Puede la historia, y quienes se ocupan de ella, ignorar esas actuaciones? Aparentemente, sí; hasta el Ministerio Público, que volcó sus ímpetus en Áñez, se rindió a un primer intento de audiencia de declaraciones de Camacho.

No hay cuándo sea convocado otra vez. Parece que su victoria en las elecciones subnacionales de marzo de 2021 —a diferencia de la derrota de su otrora aliada, que fue candidata en Beni— le otorgan un manto de impunidad.

Sin embargo, otras acciones suyas terminan de develar su carácter autoritario, como aquella amenaza contra el presidente Luis Arce de cuando le recordó que hay un "segundo round", en alusión a la caída de Morales, o el freno del discurso de homenaje a Santa Cruz del vicepresidente David Choquehuanca.

Hace unas semanas viajó a Brasil a un encuentro de gobernadores de la región sobre cambio climático. Antes de su primera travesía, promulgó, junto a dos de sus secretarios, el Decreto 373, con el que asignó su reemplazo a uno de ellos, en vez de comunicar su ausencia al vicegobernador Mario Aguilera, elegido con él por la alianza Creemos.

Lo peculiar de su decisión fue que violó el Estatuto Departamental de Santa Cruz, que establece que ante la ausencia del Gobernador asume sus funciones el Vicegobernador. No solo eso; ante la gravedad de su determinación, se dio cuenta del hecho e instruyó retirar de la Gaceta Oficial el decreto, cuando la norma señala que ese trámite requiere de otra norma que disponga su abrogatoria.

Al contrario, a su vuelta culpó al MAS y a Demócratas de manipular la información, e incluso expresó sus sospechas en sentido de que un antiguo funcionario de su antecesor, Rubén Costas, estaba tras el "boicot". Por eso en Demócratas lo tildaron de mitómano.

Ni disculpas.

Hay más pruebas que lo vinculan con el caso Golpe de Estado I. Sin embargo, aquél se campea aún en la política llamándose "perseguido político". Intocable aún.