A cinco días de su declaratoria en rebeldía por el envío de material antidisturbios de Ecuador a Bolivia en la crisis de 2019, la exministra de Comunicación Roxana Lizárraga se declaró "perseguida", aseguró no haber sido notificada para esa audiencia y emitió acusaciones en contra del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

"Debo señalar a William Alave (fiscal departamental de La Paz que informó sobre la declaratoria en rebeldía de la exministra) que se equivoca al perseguirme. Lanchipa ofreció las fiscalías de distrito de La Paz y Santa Cruz a (Yerko) Núñez (exministro de la Presidencia) y a Arturo Murillo (exministro de Gobierno). Se mantuvo al actual Fiscal General ya que se puso a disposición del gobierno transitorio e inició un trabajo cercano con Arturo Murillo y Yerko Núñez", afirmó Lizárraga en un comunicado público.

En ese contexto, según la exministra que tramita su asilo en Estados Unidos, hasta se generó una "rivalidad" entre ambos ahora exministros y que Lanchipa "pidió tiempo para entregar" la Fiscalía de La Paz a "gente de confianza" de Núñez, y la de Santa Cruz, además de Cochabamba, a Murillo.

Incluso, "en una conversación sostenida con Núñez, en diciembre 2019 en mi despacho, me manifestó que Lanchipa estaba haciendo un buen trabajo, que no había necesidad de cambiarlo y que había sugerido sacarlo a Williams Alave", señaló.

Por lo que, según su misma versión, en ese momento se pensaba que Lanchipa estaba tomando "revancha" porque Alave, "en la época evista", tenía también aspiraciones de ser Fiscal General del Estado.

Es así que "tiempo después este compromiso fue cumplido por Lanchipa" porque Alave fue retirado de la Fiscalía Departamental de La Paz en el gobierno de Áñez (aunque luego durante el nuevo gobierno de Luis Arce volvió al mismo cargo), añadió.

Rebelde
El pasado 23 de marzo, Alave informó que la exministra — imputada por los delitos de tráfico ilícito de armas; tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales; e incumplimiento de deberes — no asistió a su audiencia ni justificó su inasistencia, por lo que el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal la declaró en rebeldía.

Sin embargo, Lizárraga aseguró que se enteró de esa situación solo por los medios de comunicación y que duda que "tremenda violación" a sus derechos se origine en una "persecución del gobierno actual".

Pues "un ministro de la gestión de Añez negoció con la Fiscalía General y propició la salida del fiscal William Alave, quien me imagino dirige una vendetta contra mi persona. Por ello no es casualidad que sea el mismo fiscal Eddy Flores (de plena confianza de William Alave) quien ahora dirige una persecución (incluso) contra mi exesposo y padre de mis hijas junto con Oswaldo Zegarra (abogado del exministro Juan Ramón Quintana)", afirmó.

Del mismo modo, indicó que ha enviado un memorial en marzo del 2022 indicando "claramente al juzgado" el lugar donde puede ser ubicada y notificada con los actuados procesales.

No obstante, "no se me notificó de la audiencia en la que se declaró supuestamente mi rebeldía pese a señalar los domicilios pertinentes. Asimismo, es de conocimiento público que me encuentro en el exterior del país, hecho que hice conocer al Ministerio Público mediante escritos en junio y octubre del 2021, por lo que cualquier notificación por edicto de alcance nacional es nula al igual que su apócrifa rebeldía, mostrando una vez que a la cabeza de William Alave se están vulnerando derechos humanos en Bolivia", insistió.

Pero, "mediante el presente hago conocer que estas irregularidades solo fortalecen mi tramitación de asilo, (no obstante) cuanto tenga garantías me presentaré ante las autoridades a declarar la verdad caiga quien caiga como siempre lo he hecho", apuntó.