La justicia determinó postergar hasta el 4 de abril la audiencia del juicio oral contra la expresidenta Jeanine Añez por el caso denominado 'Golpe de Estado II'. La decisión se tomó después de que la exmandataria se descompensara en el inicio del proceso.

La información fue confirmada por el Ministerio de Justicia, a través de un comunicado oficial que fue publicado en sus cuentas en las redes sociales.

"La autoridad jurisdiccional decidió la suspensión temporal de la audiencia hasta el 4 de abril del presente año a horas 9 a.m.", informó la mencionada Cartera de Estado.

El Ministerio de Justicia, en ese sentido, también informó que la autoridad jurisdiccional emitió la resolución de declaratoria en rebeldía y la orden de aprehensión en contra del excomandante de las FFAA, Williams Kaliman; el excomandante de la Policía, Yuri Calderón; además de Elmer Flores Toranzo y Carlos Orellana. Todos ellos serán patrocinados por abogados del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP).

El Ministerio de Justicia, asimismo, afirmó que todo el proceso que desembocó en el juicio contra Añez fue respetuoso del debido proceso y resaltó que incluso se invitó a la oficina en Bolivia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a que realice la observación del mencionado juicio.

"Los problemas provocados para interferir en la audiencia virtual y el uso desmesurado de recursos procesales por la parte acusada y sus abogados, reflejan una actitud obstaculizadora y contraria al derecho constitucional a contar con decisiones judiciales en un plazo razonable y sin dilaciones", lamentó el Ministerio.

En ese sentido, la Cartera de Estado pidió que, "en respeto a la independencia judicial", los diferentes actores vinculados a la parte acusada se enmarquen en el debido proceso, "con relación al derecho a la defensa y en compatibilidad con el derecho del pueblo boliviano a una decisión justa, transparente y oportuna por Memoria, Verdad y Justicia".

Según se supo, en la reinstalación del procedimiento se ingresará a la fase de incidentes y excepciones, aunque desde la defensa de la exautoridad se impugnó al tribunal por varias irregularidades.

En este caso, la exmandataria es acusada por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, por hechos registrados antes que asumiera la Presidencia en noviembre de 2019.

"La servidora o el servidor público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la constitución o a las leyes, o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes, será sancionado con la privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años", establece el artículo 153 del Código Penal.

Al respecto, según la Fiscalía, se cuentan con más de 70 pruebas y casi una veintena de declaraciones testificales que indican que la ahora detenida en el penal de Miraflores de La Paz adecuó su conducta a ese tipo penal.