En pasados días, Camacho viajó a Brasil para asistir a un evento sobre medioambiente. Entonces, se conoció la publicación de un decreto que quitaba las funciones de vicegobernador a Mario Aguilera, quien también fue elegido mediante voto y le entregaba esa responsabilidad a Miguel Ángel Navarro, quien funge como secretario de Gestión.


Luego de la emisión del Decreto Departamental 373, que delegó funciones del subgobernador de Santa Cruz al secretario de Gestión Institucional, el Ministerio Público aceptó la acusación penal puesta en contra del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

La confirmación fue realizada ayer por el asambleísta departamental cruceño Clemente Ramos, quien, en entrevista con Bolivia TV, lamentó que ocurran estos hechos que van en contra de un estatuto autonómico aprobado por el pueblo cruceño.

"Camacho debe explicar por qué ordenó violar el Estatuto Autonómico del departamento cruceño con el Decreto 373, por el que le delega funciones de subgobernador al secretario de Gestión Institucional, Mario Navarro", dijo Ramos, quien presentó la denuncia junto a otras autoridades departamentales.

En los pasados días, Camacho viajó a Brasil para asistir a un evento sobre medioambiente. Entonces, se conoció la publicación del mencionado decreto que quitaba las funciones de vicegobernador a Mario Aguilera, quien también fue elegido mediante voto y le entregaba esa responsabilidad a Miguel Ángel Navarro, quien funge como secretario de Gestión.

Camacho alegó que se trata de un error, pero Ramos explica que una vez publicado el decreto en la gaceta, sólo se lo puede retirar con otro decreto y no como lo hicieron los funcionarios del gobernador. A causa de estos hechos, Ramos, junto a la bancada del MAS, presentó una denuncia por delitos de resolución contraria a la Constitución, a las leyes e incumplimiento de deberes y manipulación informática.

Incluso asambleístas departamentales de su propio partido pidieron una explicación del caso y en la Asamblea Legislativa Plurinacional la misma bancada de oposición criticó estos hechos y lamentó que se trabaje de esa manera en la región cruceña.

A la fecha se convocaron a unas 15 personas para testificar por el caso y se procedió a los allanamientos correspondientes con fines de investigación.

"Nosotros vamos a dar seguimiento a este proceso y vamos a exigir al Ministerio Público que cite al gobernador para que pueda comparecer ante la justicia. Además, vamos a seguir aportando nuevos elementos para acelerar el proceso", mencionó Ramos.