La Fiscalía General del Estado informó este lunes que se presentó acusación formal en contra de seis exfuncionarios del Ministerio de Hidrocarburos y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPFB) por la paralización de la Planta de Urea y Amoniaco en el sector de Bulo Bulo del departamento de Santa Cruz, durante la gestión 2019.

El director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Aldrin Barrientos, explicó que el daño económico al Estado por la paralización de los trabajos de dicha planta asciende a 8.677.632 de dólares aproximadamente, por falta de producción, mantenimiento de equipos dañados, servicios de repuestos, personal y reinicio de operaciones en condiciones deterioradas.

"Dentro de las investigaciones que realiza el Ministerio Público en el caso denominado YPFB- Bulo Bulo el día viernes 18 de marzo la comisión de fiscales presentó ante la autoridad judicial la acusación formal en contra de seis personas implicadas en la paralización y no reinicio del funcionamiento de la Planta de Urea y Amoniaco de Bulo Bulo pertenecientes a YPFB desde noviembre de 2019", dijo Barrientos.

La acusación formal fue presentada en contra del exministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora; del expresidente de YPFB Herlan Soliz, ambos declarados en rebeldía; además del exvicepresidente nacional de operaciones de YPFB, Jorge Roberto Blakut; del exgerente de industrialización de YPFB, Oscar Alberto Gutiérrez; del exdirector de la planta de Amoniaco y Urea, Carlos Manuel Segundo Vilar; y del excoordinador de dicha planta, Iber Fernando Oliva.
Los seis acusados son investigados por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica dentro del caso de paralización de trabajos de la Planta de Urea de Amoniaco.

"Por todos estos delitos la Fiscalía está solicitando la pena máxima para los acusado consistente en la privación de libertad de ocho años, más el incremento que se determine por agravantes y concurso ideal", agregó.

El Ministerio Público emitió la acusación formal sustentada con 11 pruebas testificales, 73 pruebas documentales requeridas y secuestradas de las instituciones involucradas y además se tiene ofrecida una prueba pericial de auditoria forense a realizarse por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) que concentre el total de daño económico al Estado entre otros elementos probatorios.

Barrientos indicó que en junio de 2021 se presentó ante la Interpol la activación del sello azul para la búsqueda de Zamora y Soliz, pero la misma fue negada, no obstante se insistirá en la búsqueda de ambas personas para que puedan ser extraditadas al país.