Debilidad. Esa es la etiqueta que se ha colocado la propia administración de Luis Arce en este año y cuatro meses de conducción del país. La exhibió cada vez que tuvo que encarar en las calles a sectores sociales en conflicto, sean éstos opositores o aliados del oficialismo. Los ejemplos no son pocos.

Su más reciente muestra de debilidad, humillante por cierto, fue haber dejado sin efecto la exigencia del carnet de vacunación contra el Covid-19 ante las movilizaciones y bloqueos de vías realizados por grupos antivacunas del masismo, pocos días después de la implementación de la medida sanitaria.

Los niveles de vacunación que habían llegado a un promedio diario de 100.000 inyectados se desplomaron a menos de 30.000 después de que el gobierno tiró la toalla y ahora miles de vacunas están a punto de expirar, por lo que se autorizó la aplicación de una cuarta dosis cuando los niveles de vacunación son exiguos en segundas y terceras dosis.

En octubre del año pasado, el Ejecutivo se llevó la flor en esto de la debilidad. Volvió sobre sus pasos en dos ocasiones consecutivas ante la movilización de cívicos, gremialistas, transportistas y cooperativistas mineros. Primero, retiró del tratamiento legislativo un proyecto de Ley de Ganancias Ilícitas tras un paro de 24 horas.

Y luego abrogó la Ley 1386 que autorizaba investigar los movimientos bancarios y el patrimonio de cualquier boliviano sin orden judicial con el justificativo del enriquecimiento ilícito producto del lavado de dinero u otras actividades ilícitas. Retrocedió ante el paro interinstitucional de nueve días cuyo epicentro estuvo en Santa Cruz y Potosí.

Hay más sobre la debilidad gubernamental frente a los sectores sociales en pie de lucha. A principios de octubre del año pasado, después de varios días de duros enfrentamientos callejeros entre policías y cocaleros de los Yungas de La Paz, el Gobierno dio marcha atrás en su pretensión de controlar Adepcoca.

Había tomado las instalaciones de la institución de comercialización de la hoja de coca y había intentado imponer a un cuestionado dirigente oficialista como nuevo presidente, pero fracasó por la firme respuesta cocalera, apoyada por la población.

Conociendo la debilidad del gobierno en los conflictos, la semana pasada, el magisterio urbano a nivel nacional inició movilizaciones con un argumento que puede conectarlo al resto de la sociedad, es decir que los maestros, padres de familia y alumnos que trabajan a la vez han estado solventando los gastos de la educación en tiempos pandémicos cuando es una obligación del Estado, en todos sus niveles.

Es más, se ha denunciado que el Ministerio de Educación ha cerrado unidades educativas enteras y también paralelos y los ítems que quedaron vacantes son ofrecidos como si fueran de nueva creación. El ministro Édgar Pary afirmó que para este año se han dispuesto inicialmente 2.500 nuevos ítems, que significan nuevas fuentes de trabajo para los profesores y ofreció otros 170 adicionales.

Ya hubo enfrentamientos la semana pasada entre los educadores movilizados y las fuerzas de seguridad con detenidos y heridos en filas del magisterio y el diálogo con el Ministerio de Educación se encuentra fracturado porque la exigencia del magisterio es aumento del presupuesto para Educación, la creación de al menos 5.000 nuevos ítems y la jubilación con el 100%, como ocurre con el sector de las Fuerzas Armadas.

Para el miércoles 16 de marzo están anunciadas protestas en La Paz de miles de maestros que llegarán de todo el país en delegaciones y el viernes 18 se realizará el primer paro de 24 horas, pocos días después de retomadas las clases presenciales, interrumpidas desde mediados de 2020 por la pandemia del coronavirus.

La estrategia del Gobierno en esta ocasión es mantener abierto el diálogo para evitar que se le acuse de autoritario y caprichoso, pero al mismo tiempo reprimir las acciones callejeras del magisterio urbano movilizado, uno de los principales métodos de lucha de la corriente trotskysta, vigente en ese sector.

Tiene a su favor la apatía del magisterio rural, vinculado al masismo, que podría ser activado en cualquier momento para movilizarse en favor de las políticas del Ejecutivo y dar la impresión a la opinión pública de que existe división en entre los maestros, una medida de manual del populismo autoritario en la región.

Puesto así el panorama, a los maestros les queda profundizar la movilización sectorial, pero desconectada del grueso de la población o intentar sumar a otros sectores, con reivindicaciones propias, pero bajo el paraguas de las exigencias de los educadores frente a un gobierno etiquetado como débil y proclive al retroceso. Es la hora de los maestros.