"Hubo ejecuciones sumarias por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas", afirmó este miércoles Marlon Weichert, miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quien junto a los otros investigadores internacionales presentó ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) su informe final sobre las violaciones de derechos humanos suscitadas en Bolivia el 2019.
"El GIEI ha concluido que graves violaciones a los derechos humanos fueron cometidas en Bolivia durante el último trimestre de 2019. En el marco de un conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares de personas recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas. Hubo ejecuciones sumarias por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas, y homicidios cometidos por particulares, facilitados o tolerados por agentes estatales", afirmó Weichert.
El jurista brasileño indicó que el GIEI "comprobó la ocurrencia de dos masacres en acciones militares" y el uso "recurrente de la tortura", entre otros atentados a la integridad personal de los ciudadanos.
"La Policía y las Fuerzas Armadas, en actuaciones separadas o en operativos conjuntos, usaron frecuentemente la fuerza de modo excesivo y desproporcionado; asimismo, fracasaron en prevenir actos de violencia practicados por grupos de civiles, tanto afines como oposicionistas al partido de gobierno", acotó.
También señaló que personas fueron detenidas y sometidas a torturas y secuestros, "con la complicidad o aquiescencia de agentes del Estado"; mientras que otros fueron atacados con armas de fuego.
"Servicios de salud y ambulancias fueron dejados desprotegidos y también sufrieron actos de violencia. El GIEI considera, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esos actos también son violaciones de derechos humanos de responsabilidad del Estado", sentenció.
Sobre el ejercicio periodístico durante ese periodo, señaló que la prensa fue "intensamente hostigada y diversos periodistas resultaron heridos".
"La explosión de violencia en Bolivia no fue inesperada, ella fue precedida por discursos antagónicos de líderes reconocidos y por decisiones políticas que pusieron en tensión las redes de funcionamiento de la democracia y del Estado de derecho", remarcó Weichert.
Además, señaló que durante este periodo se utilizó la justicia "para la persecución política", y tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial se constituyeron en "actores de investigaciones sin debida diligencia, de persecuciones penales sin debido proceso".